Calidad ambiental y salud - Panorama de políticas ambientales - CONAMA 2026

CONTAMINACIÓN INVISIBLE, IMPACTO TANGIBLE: SALUD Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA AGENDA POLÍTICA La calidad ambiental es un componente esencial en la evaluación del estado de salud de las poblaciones y del medio ambiente. Factores como la contaminación del aire, contaminación acústica, emisiones industriales y la exposición a sustancias químicas tienen efectos directos e indirectos sobre la salud humana, especialmente en grupos vulnerables, así como en el medio ambiente. Todos estos factores, si no cuentan con una regulación adecuada, pueden llegar a provocar graves problemas para la salud, como es el caso del ruido ambiental. Según el informe Environmental noise in Europe, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, el ruido es el segundo factor ambiental que más enfermedades causa en Europa, después de la contaminación del aire, afectando a 17 millones de europeos con molestias crónicas a largo plazo y provocando 66.000 muertes prematuras al año, 50.000 casos anuales de enfermedades cardiovasculares y 22.00 casos anuales de diabetes tipo 2 . De hecho, en los últimos meses, este problema ha cobrado una especial relevancia a raíz de la polémica de los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu que, tras las denuncias de los vecinos por incumplimiento de los niveles de ruido, han sido paralizados temporalmente[1]. Así mismo, la mala calidad del aire puede provocar importantes problemas de salud. Según la evaluación de calidad del aire de 2022 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en Europa se produjeron 238.000 muertes prematuras por la contaminación atmosférica. Aunque se ha reducido el nivel de exposición de la población europea a partículas finas (el contaminante más perjudicial desde el punto de vista de la salud), el 94% de la población urbana de la Unión Europea sigue expuesta a niveles de concentración de PM2,5 por encima de los niveles guía de la Organización Mundial de la Salud[2]. Además de los costes en salud, la contaminación atmosférica también tiene costes económicos, estimando un coste en la UE entre 330.000 y 940.000 millones de euros anuales[3], frente a 80.000 millones de euros anuales por la implementación de medidas para mejorar la calidad del aire en la Unión Europea[4]. Las emisiones industriales representan una fuente significativa de contaminación atmosférica, con efectos directos sobre la salud pública. Diversos estudios han demostrado que la exposición prolongada a contaminantes como dióxido de azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NOₓ), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), emitidos, entre otras fuentes, por procesos industriales, está asociada a un mayor riesgo de enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, alteraciones neurológicas y ciertos tipos de cáncer[5]. Por otro lado, las sustancias químicas llevan años en el punto de mira por las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que pueden derivarse de su exposición. Entre ellas, los contaminantes emergentes como los compuestos perfluorados (PFAS) han cobrado especial relevancia por su persistencia, toxicidad y capacidad de bioacumulación. Utilizados en productos cotidianos como envases, textiles, cosméticos y utensilios de cocina, los PFAS se han vinculado a efectos adversos como alteraciones hormonales, inmunosupresión, problemas hepáticos y mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer[6]. Su resistencia a la degradación les ha valido el nombre de “químicos eternos”, y su presencia se ha detectado en agua potable, alimentos y organismos vivos en todo el mundo[7]. Con el objetivo de construir un planeta sano para todos, el Pacto Verde Europeo solicita a la Unión Europea la supervisión, prevención y solución adecuada de la contaminación del aire, del agua, del suelo y de los productos de consumo, entre otros aspectos, con el objetivo de lograr la neutralidad climática de la Unión Europea para 2050. El Plan de Acción de Contaminación Cero de la Unión Europea, alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo, tiene como meta reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo hasta niveles que no sean perjudiciales para la salud humana ni los ecosistemas en 2050, consiguiendo una mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables. El Plan establece una serie de objetivos y acciones para la mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido ambiental, la reducción de las emisiones industriales y la reducción de uso y liberación de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente. Además, establece metas clave para 2030 con el objetivo de reducción de la contaminación: ·        Reducción en un 55% el número de muertes prematuras causadas por la contaminación atmosférica. ·        Reducción en un 50% de la basura plástica en el mar y en 30% los microplásticos liberados en el medio ambiente. ·        Reducción en un 50% de las pérdidas de nutrientes, en un 50% el uso de los pesticidas químicos más peligrosos y en un 50% el uso y el riesgo de plaguicidas químicos. ·        Reducción en un 25% los ecosistemas de la Unión Europea en los que la contaminación atmosférica amenaza la biodiversidad. ·        Reducción en un 30% la proporción de personas con perturbaciones crónicas causadas por el ruido del transporte. ·        Reducción en un 50% de los residuos municipales y reducción significativa de la generación total de residuos. Para conseguir todo esto, la UE apuesta por un modelo que combine prosperidad económica con una transformación profunda de los sistemas de producción y consumo, orientando las inversiones hacia soluciones sostenibles. Impulsar el diseño ecológico, fomentar modelos de negocio basados en la economía circular, promover una movilidad más limpia, desarrollar tecnologías de bajas emisiones, aplicar soluciones basadas en la naturaleza y avanzar en una digitalización responsable son pilares clave para consolidar el liderazgo europeo en el crecimiento verde. Estas estrategias no solo permiten reducir la huella ambiental, sino que también contribuyen a disminuir las desigualdades, generar empleo de calidad y fortalecer la resiliencia social y económica del continente. A nivel nacional, el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente de España (PESMA 2022–2026), aprobado por un pleno conjunto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presenta un enfoque paralelo. El PESMA reconoce que los factores ambientales son determinantes clave de la salud y propone medidas integradas para reducir los riesgos derivados de la exposición a contaminantes atmosféricos, acústicos, químicos y biológicos. Ambos planes comparten una visión común: proteger la salud pública mediante la mejora de los entornos ambientales, promoviendo la prevención, la equidad y la resiliencia frente a los desafíos del cambio climático. Mientras que el plan europeo establece objetivos cuantificables para 2030, el PESMA adapta estos compromisos al contexto español, integrando acciones en áreas como la calidad del aire, el ruido ambiental, el uso seguro de sustancias químicas y la gestión de residuos. Además, ambos planes apuestan por la digitalización, la innovación y la participación ciudadana como herramientas clave para avanzar hacia una sociedad más saludable y sostenible. La coordinación entre los marcos europeo y nacional será esencial para garantizar que las políticas públicas en España estén alineadas con los estándares más exigentes en materia de salud ambiental. El Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente establece una hoja de ruta para reducir los riesgos ambientales que afectan directamente a la salud pública en España, abordando de forma integrada cuestiones clave como la calidad del aire, las emisiones, la contaminación acústica y las sustancias químicas. En materia de calidad del aire, el PESMA promueve la reducción de la exposición a contaminantes atmosféricos como partículas finas (PM2.5 y PM10), dióxido de nitrógeno (NO₂) y ozono troposférico, especialmente en zonas urbanas y sensibles, mediante la mejora de las redes de vigilancia, la integración de indicadores sanitarios en la planificación territorial y el impulso de la movilidad sostenible. Además, se reconoce el impacto de las emisiones industriales como fuente significativa de contaminación atmosférica, por lo que se refuerzan las medidas de control, seguimiento y evaluación en entornos productivos, en coordinación con la normativa europea sobre emisiones industriales (IED) y los objetivos del Plan de Acción “Contaminación Cero”. En cuanto a la contaminación acústica, el plan reconoce sus efectos sobre la salud —como alteraciones del sueño y enfermedades cardiovasculares— y fomenta la elaboración de mapas estratégicos de ruido, la protección de grupos vulnerables y el diseño de entornos urbanos más silenciosos. Respecto a las sustancias químicas, el PESMA se alinea con los reglamentos REACH y CLP para reducir la exposición a compuestos peligrosos, incluidos los contaminantes emergentes como los PFAS, reforzando la vigilancia en productos de consumo y entornos laborales, y promoviendo alternativas seguras y sostenibles. Todo ello se articula bajo un enfoque transversal que integra la salud ambiental en las políticas públicas, fomenta la coordinación interadministrativa y apuesta por la participación ciudadana y la educación ambiental como herramientas clave para avanzar hacia una sociedad más saludable y resiliente. En este contexto, resulta evidente que la calidad ambiental no debe abordarse de forma fragmentada, sino como un sistema interconectado en el que cada componente influye directamente en la salud de las personas y en el equilibrio de los ecosistemas. La evidencia científica y los datos epidemiológicos muestran que la exposición continuada a estos factores ambientales no solo incrementa la carga de enfermedad, sino que también genera desigualdades sociales, económicas y territoriales. Por ello, los planes estratégicos europeos y nacionales convergen en la necesidad de adoptar un enfoque preventivo, transversal y basado en la evidencia, que permita anticipar riesgos, proteger a los grupos más vulnerables y garantizar entornos seguros y saludables para toda la población.   Respirar con garantías: calidad del aire y salud bajo la nueva directiva El Plan de Acción de Contaminación Cero de la Unión Europea busca la mejora de la calidad del aire, consiguiendo niveles no perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Para ello, establece un objetivo intermedio par el año 2030 de reducción en un 55% de las muertes prematuras por contaminación atmosférica. Una de las acciones previstas para la consecución de este objetivo es la revisión de la Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que ha dado lugar a la publicación de una nueva directiva de calidad del aire, la Directiva 2024/2881, de 23 de octubre de 2024, sobre la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que es mucho más ambiciosa que la anterior y que tiene el fin último de mejorar la calidad del aire para la protección de la salud de las personas y los ecosistemas. Entre las novedades que presenta, se encuentra la reducción de los valores legislados de concentración de contaminantes atmosféricos, acercándolos a las Directrices de la Organización Mundial de la Salud[8]. Otro de los puntos novedosos de la directiva es el establecimiento de nuevos emplazamientos de medición, así como “superemplazamientos” para la determinación de contaminantes emergentes que aún no cuentan con valores legislados. Además, esta directiva pone el foco en la modelización, y su aplicación en la evaluación de la calidad del aire y la representatividad de las estaciones. También cobra mayor importancia la transparencia y el acceso a la justicia, así como la exposición y protección de los grupos vulnerables, que son los más afectados por la contaminación. Esta directiva, que se debe trasponer al marco jurídico español, a más tardar, el 11 de diciembre de 2026, establece de obligado cumplimiento los valores límite y objetivo de los contaminantes a partir del 1 de enero de 2030. También obliga a los Estados Miembros a elaborar hojas de ruta de calidad del aire antes de 2030, donde se establezcan políticas y medidas para cumplir con los valores límite de concentración de contaminantes, en el caso de que, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029, los niveles de contaminantes de una unidad territorial estén por encima de cualquier valor límite o valor objetivo. La Comisión debe realizar la primera revisión de la directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2030, debiendo actualizarse, si es necesario, a las directrices más recientes de la OMS sobre la calidad del aire. En España, la calidad del aire viene regulada mediante la Ley 24/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Mediante este marco jurídico, que reconoce el aire como bien común, se establece un sistema nacional de evaluación mediante redes de medición, modelización y análisis de datos, se establecen los objetivos de calidad del aire para determinados contaminantes atmosféricos, obliga a elaborar planes nacionales, autonómicos y locales en zonas donde se superen los límites legales garantiza el acceso de los ciudadanos a la información sobre calidad del aire y participación en la elaboración de planes. Uno de los puntos que se deberán actualizar en el marco jurídico nacional relativo a la calidad del aire son los nuevos valores límite de los contaminantes, siendo más exigentes que los contemplados en la anterior Directiva y que rigen actualmente en la normativa española. Algunas de las modificaciones presentadas son: ·        SO2: Limitación de 3 horas de superación del valor límite al año, frente a las 24 que permitía la anterior Directiva. Además, se establece un valor límite anual de 20 μg/m3 que antes no existía. ·        NO2: El valor límite se mantiene en 200 μg/m3, pero el número de horas de superación baja de 18 a 3. En relación al valor límite anual, baja de 40 μg/m3 a 20 μg/m3. ·        PM2,5: El valor límite pasa de 25 μg/m3 a 10 μg/m3. ·        Ozono: Se mantiene el valor límite de 120 μg/m3, pero el límite de superación de 25 días al año en el promedio de 3 años, pasa a 18 días. ·        Metales pesados: Los valores objetivo pasan a ser valores límite. Las mediciones que se realizan de los contaminantes en los puntos de muestreo son muy importantes, ya que van a determinar la obligación o no del desarrollo y puesta en marcha de planes de acción y hojas de ruta. En España ya existe un Plan Marco de Acción a Corto Plazo en caso de episodios de alta contaminación para PM10, PM2,5, NO2, SO2 y O3, donde se establecen tres niveles de actuación y medidas concretas, que se pueden activar antes de que se superen los límites. Este Plan Marco de Acción obliga a todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a adaptar sus protocolos locales a más tardar, en diciembre de 2022. Debido a los nuevos límites legales establecidos en la Directiva 2024/2881, los planes de acción a corto plazo se deberán revisar para ajustarse a los mismos. Otra de las novedades que presenta la Directiva es el establecimiento de superemplazamientos, estaciones de monitoreo en las que se deberán medir contaminantes emergentes para los que no existe actualmente un valor legislado. En España se tendrán que establecer un total de 10 superemplazamientos, 5 de fondo rural y 5 de fondo urbano. El acceso a la justicia y la transparencia se encuentran reforzados en esta Directiva, obligando a los Estados al acceso a la justicia en materia de ubicación y puntos de muestreo, planes de calidad del aire y hojas de ruta, y planes de acción a corto plazo. En España ya existe una ley de acceso a la justicia[9], que prevé la posibilidad de que las asociaciones ambientalistas que cumplen unos determinados requisitos puedan impugnar. Como novedad, la Directiva establece que el tiempo de prescripción debe comenzar a contarse a partir del momento en el que se tiene conocimiento de la lesión, aunque esta aparezca años después del hecho causante. En relación a la transparencia, España cuenta con el Índice Nacional de Calidad del Aire. Este índice, contemplado en el Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire y aprobado a través de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, informa en tiempo real y de forma sencilla de la calidad del aire que marcan las estaciones de medición de la red nacional de vigilancia. En septiembre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sacó a consulta pública un proyecto de Ordena Ministerial para actualizar el Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA). Esto se debe a que el ICA europeo ha sido modificado recientemente para ajustarse tanto a los valores fijados por la Directiva 2024/2881 como a los valores guía de la OMS, por lo que se pretende que el ICA nacional sea una representación lo más fiel posible del índice europeo. Por otro lado, la nueva Directiva incide en la importancia de la modelización en la calidad del aire como herramienta para su evaluación, así como para el cálculo de la representatividad espacial de las estaciones de medición. Una novedad relativa a la modelización es que va a requerir armonización, lo cual implica la necesidad de designar una autoridad competente en esta materia. Aunque la Directiva 2024/2881 es exigente desde el punto de vista técnico, también es una oportunidad para poder conseguir el objetivo principal del Pacto Verde Europeo de crear una Europa más limpia, más saludable y climáticamente neutra. A nivel nacional, como continuidad al Plan Aire 2017-2019, se ha desarrollado el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 2023-2030, que cuenta con 61 medidas concretas para reducir la contaminación atmosférica antes de 2030. En concreto, se refuerza los compromisos de reducción de cinco contaminantes clave: SO2, NO2, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, NH3 y PM2,5. El programa pretende contribuir al cumplimiento de la Directiva 2016/2284, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, al actualizar los inventarios de emisiones, mejorando los sistemas de seguimiento y evaluación, poniendo énfasis en la coordinación con comunidades autónomas y entidades locales para implementar medidas eficaces. Así mismo, de manera anual, se publica un informe de evaluación de la calidad del aire en España, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se presentan los resultados de calidad del aire por comunidad autónoma para el año estudiado, así como la evolución histórica de los últimos 10 años. Así mismo, se recogen los diferentes planes de calidad del aire y planes de acción a corto plazo adoptados por las redes de calidad del aire, los niveles de calidad del aire de fondo regional de la red EMEP/VAG/CAMP y se evalúa el impacto de la calidad del aire en la salud. El informe de evaluación de la calidad del aire en España de 2024 presenta los resultados de la evaluación y la gestión de la calidad del aire durante el año 2024. Estos resultados son los que se han notificado a la Comisión Europea en 2025, con el detalle de la situación de las zonas evaluadas con respecto a los valores legislados. Esta evaluación ayuda a conocer la situación actual a nivel nacional y poder tomar medidas en consecuencia para alcanzar los objetivos de calidad del aire de la Directiva 2024/2881. Este informe muestra un mantenimiento de la buena situación general observada en 2023 en la mayor parte de los contaminantes, aunque el ozono troposférico y las partículas PM10 siguen suponiendo desafíos en ciertas áreas. Aunque las evaluaciones muestran una situación general de la calidad del aire buena, hay que tener en cuenta que los nuevos límites que marca la Directiva 2024/2881 son más estrictos y serán de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2030, por lo que es necesario abordar la problemática de manera transversal, ya que son numerosas las fuentes que contribuyen a la calidad del aire, como emisiones industriales, del transporte o incendios forestales. De hecho, un estudio impulsado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona, analizó 916 escuelas, concluyendo que ninguna cumple con los estándares de calidad del aire que recomienda la OMS y casi el 90% superan el futuro límite anual de 20 μg/m3 de NO2[10]. Por otro lado, los incendios forestales se han convertido en una de las principales amenazas ambientales y sanitarias en el sur de Europa, especialmente en países como España, donde el aumento de las temperaturas, la sequía prolongada y el abandono de zonas rurales han intensificado su frecuencia y severidad. Más allá de la devastación ecológica y económica, estos eventos generan un grave deterioro de la calidad del aire, al liberar grandes cantidades de contaminantes atmosféricos como material particulado fino (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono, ozono troposférico y compuestos orgánicos volátiles. Según la Organización Meteorológica Mundial, los incendios forestales que afectaron a España y Portugal durante el verano de 2025 podrían haber empeorado la calidad del aire en toda Europa Occidental, con efectos que incluso traspasan fronteras[11]. Las partículas finas emitidas por estos fuegos son especialmente peligrosas para la salud humana, ya que penetran profundamente en los pulmones y pueden agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En este sentido, la Directiva 2024/2881 cobra una relevancia crucial al obligar al establecimiento de “superemplazamientos” de medición en zonas rurales y urbanas para detectar contaminantes emergentes, como el carbono negro o las partículas ultrafinas, muchas de las cuales se generan en grandes cantidades durante los incendios forestales. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer en materia de calidad del aire, la nueva Directiva 2024/2881 representa una oportunidad decisiva para implementar mejoras estructurales, reforzar la vigilancia ambiental y actualizar planes de acción. Su enfoque más ambicioso y alineado con las recomendaciones de la OMS permite avanzar hacia un entorno más saludable, donde la protección de la salud pública y del medio ambiente sea prioritaria, mejorando la calidad de vida de millones de personas en Europa.   Medir para proteger: el papel de CNOSSOS-EU frente a la contaminación acústica La contaminación acústica es uno de los factores ambientales más infravalorados, pero con efectos significativos sobre la salud pública: trastornos del sueño, estrés, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo son solo algunas de sus consecuencias[12]. En respuesta a estos impactos, la Unión Europea ha reforzado su compromiso a través del Plan de Acción de Contaminación Cero, que busca reducir los niveles de ruido ambiental y mejorar la calidad de vida en entornos urbanos, estableciendo como objetivo para el año 2030 la reducción en un 30% el número de personas afectadas crónicamente por el ruido del transporte. Para ello, se proponen acciones concretas como la revisión de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la mejora de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción locales, promoción de zonas tranquilas y diseño urbano acústicamente saludable, y la integración del ruido en políticas de movilidad y planificación territorial.  A nivel nacional, dicha directiva se traspone a través de la Ley 37/2003, del Ruido, la cual se desarrolla mediante el Real Decreto 1513/2005, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Este marco normativo desarrolla la clasificación del territorio en áreas acústicas, fijando objetivos de calidad, así como índices acústicos para medir el ruido y valores límite de emisión e inmisión. Además, establece la obligatoriedad del desarrollo de planes de acción y mapas estratégicos de ruido que deben actualizarse cada 5 años. En este sentido, es fundamental el desarrollo de una metodología común europea para la evaluación del ruido en todo el territorio. Esto aparece contemplado en la Directiva 2015/996, por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido, en la que se establece la aprobación del método CNOSSOS-EU[13], se definen procedimientos estandarizados para calcular los indicadores acústicos y se introducen modelos de cálculo armonizados. En 2021, la Comisión Europea llevó a cabo una revisión de dicha metodología, y los cambios realizados sobre la misma se introdujeron mediante la aprobación de la Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2020, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido. Esta norma fue traspuesta a la legislación nacional mediante la Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Sin embargo, el método CNOSSOS-EU presenta algunas problemáticas puesto que, aunque si es útil para la elaboración de mapas estratégicos de ruido ambiental, se considera limitado para determinadas aplicaciones y estudios de detalle, con problemas como la dificultad de adaptación de las fórmulas empíricas del método a los estudios de planes de acción contra el ruido o aplicación uniforme a una altura de 4 metros en lugar de la obtención de datos sonoros a todas las alturas. Todo esto pone de manifiesto la importancia de actualizar periódicamente el método para que sea más útil y realista en diferentes contextos. En el contexto nacional, se ha publicado una guía técnica para la aplicación del Método Común Europeo de Evaluación del Ruido Ambiental (CNOSSOS-EU) en los estudios de ruido en España, que funciona como un manual técnico que traduce el método CNOSSOS-EU al contexto español. Este marco normativo y técnico, orientado a la armonización europea en la evaluación del ruido ambiental, cobra especial relevancia ante situaciones concretas que evidencian sus limitaciones prácticas. La problemática de la contaminación acústica ha estado en la agenda en los últimos meses, debido a los polémicos niveles de ruido de los conciertos llevados a cabo en el estadio Santiago Bernabéu durante 2024. Desde su remodelación, el estadio se ha convertido en un espacio multifuncional que acoge, además de distintos eventos deportivos, grandes eventos musicales. Sin embargo, esta nueva faceta ha generado un conflicto creciente con los vecinos del barrio de Chamartín, quienes han denunciado niveles de ruido muy por encima de lo permitido durante los conciertos, incluso en viviendas situadas a más de 300 metros del recinto. Esto ha dado lugar a plataformas vecinales que han difundido y denunciado la problemática, llevando a suspender temporalmente la agenda de conciertos en el estadio, a la espera de soluciones técnicas y legales[14]. En paralelo, la Comunidad de Madrid impulsó una reforma legal —popularmente conocida como la “ley Ayuso”— para flexibilizar los límites de decibelios permitidos en espectáculos públicos. El objetivo era compatibilizar la celebración de grandes eventos con el descanso vecinal, pero el proyecto se encuentra actualmente estancado por falta de acuerdo entre administraciones y sectores implicados[15]. Mientras tanto, muchos de los conciertos previstos en el Bernabéu han sido trasladados al Estadio Metropolitano, que ahora enfrenta una problemática similar, con vecinos organizados bajo la plataforma vecinal “Ruido Metropolitano” denunciando niveles de ruido excesivos a través de las redes sociales[16]. En este contexto, la experiencia reciente en Madrid —con la suspensión de conciertos, el debate sobre la “ley Ayuso” y el traslado de eventos al Estadio Metropolitano— ilustra cómo la contaminación acústica ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en un asunto de gobernanza urbana. La revisión de los límites sonoros, la mejora de la insonorización de recintos y la actualización de los mapas estratégicos de ruido deben alinearse con los objetivos del Plan de Acción de Contaminación Cero, garantizando entornos urbanos más saludables y resilientes. Otra problemática reciente es la relacionada con el aeropuerto de Hondarribia, teniendo calado transfronterizo debido al impacto del ruido generado por los aviones en la localidad francesa de Hendaya. Las quejas se centran en el aumento de operaciones aéreas y la falta de medidas de mitigación, lo que ha provocado molestias crónicas y demandas de reducción de vuelos. Esto ha derivado en la solicitud a España por parte de las autoridades locales francesas de una revisión de las rutas de vuelo y una evaluación conjunta del impacto acústico transfronterizo[17]. Junto a los casos concretos, se suma el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 02/2025: Contaminación urbana en la UE, donde, tras el análisis de tres ciudades europeas, se llega a la conclusión de que, pese a la larga vigencia de las normas de la UE en materia de contaminación acústica, la eficacia de las acciones emprendidas por la Comisión y los Estados Miembros seleccionados sigue siendo insuficiente para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente. Además, se considera complicado evaluar los avances en materia de reducción de contaminación acústica, debido a retrasos en la evaluación y notificación de la magnitud del ruido por parte de la mayoría de los Estados Miembros, así como a la falta de mapas de ruido periódicos. Todo esto desemboca en el desconocimiento de la magnitud del problema y lo de los datos reales de exposición de los ciudadanos a niveles de ruido nocivos. Por tanto, la contaminación acústica representa un desafío ambiental y social que exige respuestas integrales, coordinadas y basadas en evidencia científica, que se aborde no sólo desde la voluntad política y normativa, sino también mediante una planificación rigurosa y sostenida en el tiempo. Medir para proteger se convierte en un principio esencial: sin datos precisos y actualizados, es imposible conocer la magnitud del problema ni diseñar soluciones eficaces. La elaboración periódica de mapas estratégicos de ruido, el uso de metodologías armonizadas como CNOSSOS-EU y la integración del ruido en las políticas de movilidad y ordenación territorial son herramientas clave para avanzar hacia entornos urbanos más saludables.   Sustancias químicas y sostenibilidad: una agenda común para el bienestar humano y ambiental El Plan de Contaminación Cero busca conseguir una reducción del uso y liberación de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente. Para ello, prevé acciones como la implementación de la “Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin sustancias tóxicas”, la revisión de los reglamentos REACH y CLP, la mejora del etiquetado, trazabilidad y control de productos químicos en consumo e industria y el fomento de la química verde y la innovación segura. La gestión de las sustancias químicas se ha convertido en un eje estratégico para avanzar hacia una Europa más saludable y sostenible. En el marco del Pacto Verde Europeo, la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas propone un enfoque más preventivo, transparente y seguro para el uso de compuestos químicos, reconociendo su papel clave en sectores productivos, pero también su impacto potencial sobre la salud humana y el medio ambiente. El objetivo de Estrategia es lograr un entorno libre de sustancias tóxicas, donde las sustancias químicas se produzcan y utilicen de forma que se maximice su contribución a la sociedad, pero se eviten daños al planeta y a la salud humana. La estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas propone un paquete de medidas[18] conducentes a reducir gradualmente las sustancias químicas más perjudiciales. Asimismo, propone medidas para fomentar la sustitución y reducción al mínimo de todas las sustancias preocupantes presentes en la economía y la sociedad. Entre las numerosas medidas que incluye esta Estrategia destaca el denominado paquete OSOA (One Substance, one assessment, una sustancia, una evaluación) que tiene por objetivo mejorar la evaluación y reforzar el conocimiento de las sustancias dentro de la UE, coordinando la evaluación de riesgos de las sustancias químicas en toda la legislación, mediante el uso de una única herramienta de coordinación de las autoridades públicas, un grupo de expertos y un mecanismo de coordinación de la Comisión[19]. Por otro lado, instrumentos normativos como el Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) y el Reglamento CLP (Clasificación, Etiquetado y Envasado) han sido fundamentales para identificar, controlar y comunicar los riesgos asociados a miles de sustancias presentes en productos de consumo, procesos industriales y entornos cotidianos. El Reglamento REACH es la base normativa europea en materia de sustancias químicas, marcando el procedimiento de registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos. Además, crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que es la institución europea que vela por el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de sustancias químicas, facilita información sobre sustancias químicas y promueve su utilización segura, y colabora con la Comisión Europea y los gobiernos de los países de la UE para identificar sustancias que susciten preocupación y adoptar medidas relativas a la gestión de riesgos. La Comisión Europea incluyó en su programa de trabajo de 2025 la revisión del Reglamento REACH, con su publicación prevista en el último trimestre del año. En septiembre de 2025, se publicó el Reglamento 2025/1731, que modifica el Reglamento REACH en lo que respecta a sustancias carcinógenas, mutágenas de células germinales o tóxicas para la reproducción (CMR), prohibiendo la comercialización y uso para la venta al público general de estas sustancias a partir desde el 1 de septiembre de 2025.  Otra de las normas de referencia en materia de sustancias y productos químicos es el Reglamento CLP, relativo a la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, el cual clasifica las sustancias y mezclas según los peligros fisicoquímicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente, e indica el contenido del etiquetado de los productos. Entre las actualizaciones más recientes de este reglamento se encuentra la de octubre de 2024, mediante el Reglamento 2024/2865, con el objetivo de adaptar el Reglamento CLP a los desafíos actuales de globalización, comercio electrónico y avances tecnológicos. Entre las medidas establecidas, se exige que toda sustancia o mezcla comercializada en la UE (incluyendo venta a distancia), tenga un proveedor establecido en la UE, que las sustancias con múltiples componentes se evalúen como mezclas y que el proveedor esté identificado en la etiqueta y actuar en el marco de una actividad industrial o profesional. En junio 2025 se publicó el Reglamento Delegado 2025/1222, que propone la incorporación de la clasificación y etiquetado armonizado de nuevas sustancias y la actualización de otras sustancias. Por otro lado, en julio de 2025, la Comisión Europea ¿publica? un Plan de Acción para la Industria Química, con el objetivo de modernizar el sector químico de la UE y reforzar su competitividad[20]. Este Plan de Acción, que se basa en la Brújula para la Competitividad y en el Pacto por una Industria Limpia, busca aumentar la resiliencia y las condiciones de competencia equitativas de la industria, a través de una “Alianza de sustancias químicas esenciales” que armonice prioridades de inversión, coordine proyectos nacionales y de la UE y apoye a los centros de producción críticos para impulsar la innovación y el crecimiento. A su vez, junto a la aplicación del Plan de Acción para una Energía Asequible, se pretende reducir los costes de electricidad para un mayor número de productores del sector químico, fomentar el uso de fuentes de carbono limpias y mejorar el reciclado químico. El Plan de Acción para la Industria Química también destaca los incentivos y las medidas fiscales para impulsar la demanda de sustancias químicas limpias y la puesta en marcha de centros de innovación para acelerar el desarrollo de sustitutos químicos más seguros y sostenibles. Por otro lado, presta especial atención a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), para las que se busca minimizar las emisiones mediante una restricción sólida y con base científica, garantizando, a su vez, su uso bajo condiciones estrictas en aplicaciones críticas para las que no se dispone de alternativas, dando siempre prioridad al desarrollo de alternativas más seguras. Un nuevo informe de la Unión Europea estima que el coste asociado a la contaminación por PFAS en Europa podría alcanzar los 440.000 millones de euros de aquí a 2050 si no se adoptan medidas regulatorias adicionales a las ya existentes. Además, pone el foco en la importancia del tratamiento temprano en origen frente a la descontaminación una vez que ya ha llegado al medio ambiente[21]. Por último, la Comisión Europea ha adoptado una sexta propuesta de simplificación ómnibus para reducir los costes de cumplimiento y la carga administrativa para la industria química. Todo esto surge en un contexto en el que aumenta la preocupación a la exposición a las sustancias químicas, especialmente tras la publicación de que la mayoría de los ríos y lagos, aguas de transición y aguas costeras se encuentran contaminadas por PFAS[22]. En este sentido, desde el sector del agua se han empezado a establecer límites de concentración de PFAS a través de la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y a través de la Directiva 2024/3019, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Por otro lado, en octubre de 2025, se aprobó el Reglamento 2025/1988, que modifica el anexo XVII del Reglamento REACH en lo que respecta a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en las espumas contra incendios, restringiendo su uso con el objetivo de “proteger a las personas y el medio ambiente frente al riesgo que plantean”[23]. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos puestos en la regulación de estas sustancias y la protección de la salud humana y el medio ambiente, sigue siendo necesario un mayor control para evitar que sustancias prohibidas en la UE se sigan produciendo. Esto es lo que ocurre con numerosos pesticidas que se encuentran prohibidos en la UE, pero que se siguen produciendo y exportando fuera de la UE, pese al compromiso de la Comisión Europea de parar esta práctica De hecho, España es el tercer país de la UE que más exporta pesticidas prohibidos[24]. Las políticas europeas para una gestión más segura de las sustancias químicas avanzan con pasos firmes hacia un entorno libre de tóxicos, gracias a reformas normativas, innovación industrial y mayor trazabilidad. En este contexto, la sostenibilidad química no solo implica reducir el uso de sustancias peligrosas, sino también fomentar la innovación en alternativas seguras, mejorar la trazabilidad en las cadenas de suministro y garantizar que la protección de la salud pública esté en el centro de las decisiones regulatorias, asegurando que la transición química sea justa, sostenible y coherente con los principios del Pacto Verde Europeo.   Industria limpia, salud protegida: hacia una transición sin emisiones tóxicas Una gran parte de la contaminación del territorio europeo proviene de procesos de producción industrial. El Plan de Contaminación Cero busca conseguir una reducción significativa de las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de instalaciones industriales, para lo cual prevé acciones como la revisión de la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales, el refuerzo de la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles, mejora de la transparencia y acceso público a los datos de emisiones, y promoción de tecnologías limpias y eficiencia energética en sectores intensivos. La Directiva de Emisiones Industriales, aprobada en el año 2010, surge con el objetivo de unificar y simplificar la legislación sobre emisiones industriales, integrando varias normas anteriores en un solo texto, de manera que se garantice un alto nivel de protección ambiental en toda la Unión Europea. Esta directiva busca prevenir y reducir la contaminación del aire, agua y suelo desde las fuentes industriales, promover el uso de las Mejores Técnicas Disponibles para limitar las emisiones contaminantes, establecer condiciones de funcionamiento claras para instalaciones industriales mediante permisos ambientales integrados y mejorar la eficiencia energética y la gestión de residuos en los procesos industriales.   En el año 2024, se produjo una actualización de dicha directiva a través de la Directiva 2024/1785, en la que se amplía el alcance de la misma a la minería de extracción de metales para producción de baterías, las explotaciones porcinas y avícolas y obliga a la aplicación de Mejores Técnicas Disponibles a los vertederos. Además, se establecen nuevos documentos BREF (Best Available Techniques Reference) para los sectores de la minería y de las baterías. Otra de las medidas que incluye la directiva es la sustitución de químicos peligrosos por otros más seguros, siguiendo la línea de las políticas específicas en materia de sustancias químicas. Además, se establecen mejoras en los procedimientos de información, participación pública y acceso a la justicia, reforzando los derechos derivados del Convenio Aarhus. Esta directiva se debe trasponer a la legislación nacional antes del 1 de julio de 2026. Adicionalmente, la Directiva 2016/2284, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, en concreto dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, amoníaco y partículas finas. Además, obliga a la elaboración, adopción y aplicación de programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y el seguimiento de las emisiones y sus efectos. Esta directiva, además, contribuye a la consecución de los objetivos europeos de calidad del aire, al aplicarse directamente sobre las fuentes de emisión de contaminantes. La Directiva 2016/2284 fue adaptada a la legislación española mediante el Real Decreto 818/2018, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Mediante este Real Decreto se establecen los compromisos nacionales de reducción de las emisiones atmosféricas de los contaminantes establecidos en la Directiva 2016/2284, se regula el contenido y procedimiento de la elaboración, adopción y aplicación del programa nacional de control de la contaminación atmosférica, y se establece un sistema para el seguimiento de las emisiones y sus efectos en los ecosistemas. Además, establece los contaminantes que se deben incluir en el Inventario Nacional de Emisiones que se elaborará de forma anual. Relativo a la transparencia y el acceso público a la información ambiental, el Reglamento 2024/1244, sobre la notificación de datos medioambientales, cuya aplicación será efectiva a partir del 1 de enero de 2028, crea un Portal de Emisiones Industriales, derogando el Reglamento 166/2006, por el que se estableció el portal E-PRTR, un registro público y accesible online sobre emisiones y transferencias de contaminantes desde instalaciones industriales. El nuevo Portal de Emisiones Industriales es la evolución del portal E-PRTR, y responde a la necesidad de ofrecer información sobre emisiones y transferencias de residuos de los mayores complejos e instalaciones industriales en Europa, asó como otra información de interés. El Portal de Emisiones Industriales ofrece información actualizada sobre las emisiones contaminantes a la atmósfera, agua y suelo y las transferencias de residuos. A partir de 2028, también incluirá información del consumo de recursos. Los datos se deben actualizar anualmente y abarcan cerca de 100 contaminantes clave. La actualización de la normativa y la puesta en marcha de políticas más protectoras son especialmente relevantes cuando se analiza el impacto de las emisiones de la industria en la salud pública, puesto que la exposición prolongada a contaminantes industriales como SO2, NOx, partículas finas y compuestos orgánicos volátiles ha sido asociada con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer y mortalidad prematura. Casos como el de Huelva, donde llevan años luchando para que se establezcan medidas para la mejora de la calidad del aire derivada de las emisiones industriales (especialmente de una fundición de cobre), así como protocolos de actuación en episodios de alta contaminación[25], ponen de manifiesto la importancia de la puesta en marcha de políticas más restrictivas y herramientas como el Portal Europeo de Emisiones Industriales, que faciliten la transparencia y el acceso público actualizado de los datos de emisiones. En el caso concreto de Huelva, la Junta de Andalucía se encuentra trabajando en un Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Zona Industrial de Huelva, cuyo informe ambiental estratégico favorable fue publicado en mayo de 2025. Entre los objetivos del plan, se encuentra la limitación de emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre para mantener los niveles de inmisión por debajo de los límites legales. [1] RTVE.es (2024, septiembre 13). El Real Madrid suspende temporalmente los conciertos del Bernabéu. RTVE. https://www.rtve.es/noticias/20240913/real-madrid-suspende-conciertos-bernabeu-denuncias-vecinos/16248177.shtml [2] European Environment Agency. (2025, April 9). Air quality status report 2025. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2025 [3] SWD (2013) 531 [4] IIASA (2017): Costs, benefits and economic impacts of the EU Clean Air Strategy and their implications on innovation and competitiveness (Costes, beneficios y repercusiones económicas de la Estrategia de la UE para el Aire Limpio y sus implicaciones para la innovación y la competitividad) [5] Nishida, C., y Yatera, K. (2022). The Impact of Ambient Environmental and Occupational Pollution on Respiratory Diseases.International journal of environmental research and public health,19(5), 2788 [6] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s.f.). Los químicos que nos rodean: PFAS. Gobierno de España. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/losquimicosquenosrodeanpfas_tcm30-549889.pdf [7] United States Environmental Protection Agency. (s.f.). Información básica sobre PFAS. EPA en español. https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-pfas [8] Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire: partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Resumen ejecutivo. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guiaoms2021-spa_tcm30-530942.pdf [9] Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-13010-consolidado.pdf [10] Blanchar, C. (2025, septiembre 18). 916 escuelas de Barcelona y su entorno: todas suspenden en los niveles de contaminación que recomienda la OMS. El País. https://elpais.com/espana/catalunya/2025-09-18/916-escuelas-de-barcelona-y-su-entorno-todas-suspenden-en-los-niveles-de-contaminacion-que-recomienda-la-oms.html [11] EFE. (2025, septiembre 5). Los incendios en España y Portugal afectan a la calidad del aire en Europa, según la OMM. EFE. https://efe.com/medio-ambiente/2025-09-05/incendios-espana-portugal-afectan-aire/ [12] Escartin Gracia N, Moreira Carvalho Ribeiro DM, Casa Vargas EP, Morilla Llop M, Navarro Monesma P, Rebegi V. El impacto de la contaminación acústica en la salud humana: riesgos y estrategias de mitigación. Revista Ocronos. 2025;8(8):51. [13] El método CNOSSOS-EU viene establecido en la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.   [14]Peinado, F., & Expósito, D. (2024, septiembre 13). El Real Madrid suspende los conciertos programados en el Bernabéu al menos hasta marzo de 2025, tras las quejas por el ruido. El País. https://elpais.com/espana/madrid/2024-09-13/el-real-madrid-suspende-los-conciertos-programados-afectando-a-lola-indigo-y-aitana.html [15] Coll, V. (2025, octubre 7). La ‘ley Ayuso’ para los conciertos se atasca sin acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento: “No hay borrador por el momento”. El Mundo. https://www.elmundo.es/madrid/2025/10/07/68e3f748fdddff30138b45b8.html [16] Madridiario. (2025, octubre 7). Los vecinos del Metropolitano siguen los pasos del Bernabéu ante la avalancha de conciertos y protestas. Madridiario. https://www.madridiario.es/vecinos-metropolitano-siguen-pasos-bernabeu-avalancha-conciertos-protestas [17] Aizpuru, J. (2025, agosto 28). Los aviones que aterrizan en Hondarribia atormentan a Hendaya. El País. https://elpais.com/espana/2025-08-28/los-aviones-que-aterrizan-en-hondarribia-atormentan-a-hendaya.html [18] En el Anexo de la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas se listan las diferentes medidas del plan de acción de la estrategia. [19] El 23 de octubre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó la reforma del sistema de evaluación de las sustancias químicas. Más información: https://www.democrata.es/politica/congreso-y-senado/parlamento-europeo-respalda-nueva-reforma-evaluar-sustancias-quimicas-mayor-eficacia/ [20] Representación de la Comisión Europea en España. (2025, 8 de julio). La Comisión refuerza la industria química europea. Comisión Europea. https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-comision-refuerza-la-industria-quimica-europea-2025-07-08_es [21] RETEMA. (2024, 15 enero). Europa afronta un elevado impacto económico y sanitario si no frena la contaminación por microplásticos. RETEMA – Revista Técnica de Medio Ambiente. https://www.retema.es/actualidad/europa-afronta-un-elevado-impacto-economico-y-sanitario-si-no-frena-la-contaminacion-por [22] Agencia Europea de Medio Ambiente. (2024, 19 de diciembre). Las «sustancias químicas eternas» se encuentran por encima de los niveles de umbral en muchas masas de agua de Europa. https://www.eea.europa.eu/es/highlights/las-sustancias-quimicas-eternas-se [23] EFEverde. (2024, 8 de febrero). La Comisión Europea restringe el uso de PFAS en las espumas contra incendios. https://efeverde.com/la-comision-europea-restringe-el-uso-de-pfas-en-las-espumas-contra-incendios/ [24] Unearthed. (2025, 23 de septiembre). EU banned pesticide trade expands despite promises. Greenpeace Unearthed. https://unearthed.greenpeace.org/2025/09/23/eu-banned-pesticide-trade-expands-despite-promises/ [25] La Sexta. (2025, agosto 26). Huelva se asfixia por los gases contaminantes y tóxicos de la industria ante la inacción de la Junta y el Ayuntamiento. La Sexta Noticias. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/huelva-asfixia-gases-contaminantes-toxicos-industria-inaccion-junta-ayuntamiento_2025082668add561fb354e4b3d1f8aa1.html

Agua | Panorama de políticas ambientales | CONAMA 2026

Agua [1] Anuncio en el BOE de la Dirección General del Agua con el que se inicia el periodo de consulta e información pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica (revisión para el ciclo 2028-2033) [2] Teniendo en cuenta tanto la calidad como la cantidad del agua, para ello apuesta por la aplicación efectiva de Directivas existentes como la DMA y la Directiva de Inundaciones. [3] Este Dictamen se sustenta en la evaluación del impacto territorial (EIT) de la Estrategia que muestra las implicaciones territoriales sustanciales pero desiguales de las medidas de resiliencia hídrica en todas las regiones de la UE, demostrando la necesidad de objetivos diferenciados y adaptados a nivel regional y vías de aplicación basadas en las condiciones, particularidades y de gobernanza locales. [4] Se pueden observar varios posicionamientos de interés en los siguientes enlaces: ·        ¿Mejorará una nueva estrategia la gestión del agua en Europa? | Euronews ·        European Water Resilience Strategy: sinking ambitions on pesticide pollution | PAN Europe ·        Not flowing, not funded: EU Water Resilience Strategy falls short ·        LRE-Letter-to-Environment-Ministers-on-water-resilience_July-2025.pdf ·        Making Europe water and climate resilient [5] El gobierno portugués presentó el pasado 9 de marzo la estrategia nacional "Agua que Une", un ambicioso plan de 5.000 millones de euros hasta 2030 para mejorar la gestión del agua en el país. [6] Los documentos iniciales se componen de programa, calendario, estudio general sobre la demarcación y fórmulas de consulta. [7] La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, establece en su artículo 7 que, con el fin de cumplir los objetivos de desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con energías renovables, las nuevas concesiones de agua deberán priorizar la integración de tecnologías renovables, en especial mediante centrales hidroeléctricas reversibles que sean compatibles con los objetivos ambientales y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes hidrológicos de cuenca. [8] Según datos del PNIEC 2023–2030, la capacidad instalada de hidrógeno verde podría alcanzar los 11 GW en 2030, lo que requerirá un volumen significativo de agua, aproximadamente 35 litros por kilogramo de hidrógeno producido. Actualmente en la demarcación del Duero se están tramitando tres concesiones para uso de agua para producción de hidrógeno verde de cerca de 4 hm3/año. [9] El auge de la economía digital ha impulsado la construcción de macrocentros de datos, especialmente en Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, donde se estima un consumo agregado de agua superior a 3 millones de m³ anuales, principalmente para sistemas de refrigeración. [10]Según los Principios de primacía eficiencia Hídrica, en la PH se debería definir caudales ecológicos, teniendo en cuenta las necesidades del agua subterránea. Además, aplicar los caudales ecológicos de manera efectiva y considerarlos de manera sistemática como requisito para obtener permisos de uso del agua. [11] El Mapa de conflictos del Agua en España, una iniciativa de Ecologistas en Acción identifica al menos 70 conflictos por el agua en los territorios, entre ellos, conflictos causados por contaminación por vertidos urbanos e industriales en el 27% de los casos, por infraestructuras y alteraciones morfológicas en el 26% de los casos, por sobreexplotación causada por agricultura y ganadería intensiva en el 16% y por contaminación por nitratos y plaguicidas en el 15%. [12] Falsas expectativas de sus sostenible del agua en las cuencas mediante la modernización del regadío. WWF España, 2022 informe_wwf_modernizacion_regadios.pdf [13] Sentencia que resuelve el recurso contencioso-administrativo en relación con las aguas desalinizadas siendo las partes la Administración General del Estado y la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha. [14] De los 141 identificados a escala nacional: el riesgo de daños por sequías extremas de larga duración, el riesgo de daños por inundaciones pluviales y fluviales, y el riesgo para los diferentes usos y demandas por la reducción de la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad suficientes. [15] El Gobierno presentó una nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática el 17 de diciembre de 2025, resultado de un proceso participativo que ha contado con más de 1.300 actores y casi 4.000 aportaciones [16] Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han generado una serie de recomendaciones para la construcción del Pacto. [17] Según el informe sobre el estado del clima de España 2024, se registraron a lo largo del año 31 récords de días cálidos y ningún récord de días fríos, cuando lo esperable en un clima sin alterar hubieran sido cinco récords de cada. Se batieron récords de temperatura diaria en zonas del Mediterráneo y de Canarias. [18] Se destacan dos buenas prácticas en temas de visualización de datos de sequía, La DGA mensualmente ofrecen informes y mapas de sequía y escasez.  La RTVE expone semanalmente los datos del boletín hidrológico del MITECO. [19] El Real Decreto-ley 4/2023, de apoyo financiero al sector agrario con un paquete de ayudas de 1.400 M€. El refuerzo para la desalación y regeneración como fuentes complementarias, mediante licitaciones de ACUAMED y fondos del PRTR. Las CCAA han activado estrategias extraordinarias como “Sequía Plus” o el transporte marítimo de agua. [20] El órgano superior de consulta y participación, integrado por representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, organismos de cuenca, entes locales, usuarios como regantes y diversas organizaciones y expertos individuales [21] Entidades como la AEOPAS han instado a la Comisión Europea a impulsar una norma que fije criterios homogéneos para declarar la sequía, definir estándares mínimos para los planes de emergencia y garantizar la prioridad del abastecimiento urbano. [22] Diagnóstico base del Plan ENDAVANT, que tiene el objetivo de consolidar la recuperación económica y social de la zona afectada por la DANA de 2024 mediante un conjunto de actuaciones sobre cuatro pilares estratégicos: personas, tejido empresarial y económico, medio ambiente, y tejido social y comunitario, sustentados por una base vertebradora de infraestructuras y planificación territorial. [23] Según AEMET, Laurence fue la decimosegunda borrasca de gran impacto de la temporada 2024-2025, [24] Para finales de 2025, la Comisión prevé adoptar una restricción sobre el uso de todas las PFAS en espumas antiincendios, una de las principales fuentes de emisión de estas sustancias. [25] En la propuesta se establece una norma de suma de para plaguicidas ya catalogados como sustancias prioritarias. Para el herbicida glifosato establece el valor máximo de 398,6 microgramos por litro, muy por encima de lo establecido en España, donde existe un estándar de calidad para el glifosato y su metabolito el AMPA, de 0,1 microgramos/litro y 0,5 para AMPA. [26] El bisfenol A pasa a ser considerado una sustancia peligrosa prioritaria [27] sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), (también llamados forever chemicals por su persistencia), la propuesta de actualización incluye en la lista de prioritarias a un grupo de 24 PFAS. El ácido trifluoroacético TFA: un producto de degradación de los plaguicidas PFAS, es el más extendido en Europa.  se añadirá a las 24 PFAS [28] Propuestas y comentarios a la revisión de la Directiva de Nitratos: Nitratos: normas actualizadas sobre el uso de determinados materiales fertilizantes procedentes del estiércol (RENURE) [29] En diciembre de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una nueva sentencia en la que declara que España ha vulnerado de forma reiterada la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. La Comisión Europea solicita que se imponga una multa de 46.522.999 € y propone también una multa diaria de 171.217,40 € si no se logra el cumplimiento en la fecha. [30] La multa por la depuración de aguas residuales acumula más de 90 millones de euros hasta 2026 y es considerada una de las más prolongadas e importantes de España. En 2018, el TJUE impuso una multa a tanto alzado de 12 M€ euros y una multa coercitiva semestral inicialmente fijada en 10,95 M€ (posteriormente ajustada a 10,3 M€). Hasta 2022 se habían abonado 71,7 M€. La entrada en funcionamiento de infraestructuras como Gijón-Este e Isla Cristina permitió reducir la multa semestral a 3,1 M€, al constatarse avances en el cumplimiento. [31] En España media 1,92 € por m3, frente a los 3,10€ de la media europea. [32] La aprobación de las tarifas está a cargo de los municipios. Algunos han hecho incrementos sustanciales entre el 20% y 30%. En otras ocasiones el aumento está supeditado a la situación política y periodos electorales. [33] Las medidas de protección contra inundaciones son hasta diez veces más rentables que la reconstrucción tras un desastre, según un informe de Swiss Re Institute [34] La Comisión Europea activó un paquete extraordinario de 1.600 M€, procedentes del Fondo de Solidaridad y del mecanismo RESTORE, destinados a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por la DANA. [35] El Gobierno aprobó un paquete de medidas para reparar los daños y reforzar la resiliencia frente a futuros temporales. Entre ellas destaca el plan post-DANA del MITECO, dotado con 335 M€. En paralelo, el Consejo de Ministros autorizó más de 700 M€ para financiar ayudas y subvenciones vinculadas a la DANA, incluyendo créditos extraordinarios para entidades gestoras de abastecimiento y saneamiento. [36] La Generalitat Valenciana entregó al MITECO su Plan frente a Inundaciones, una estrategia de 2.390 M€ que combina infraestructuras hidráulicas, sistemas de alerta y soluciones basadas en la naturaleza. [37] En el marco de la jornada “Resiliencia del agua para la resiliencia económica en le contexto del cambio climático” organizado por el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, entidades como Caixabank, BBVA y Cajamar presentaron actuaciones que están llevando a cabo para fomentar la sostenibilidad de sus carteras. Conclusiones [38] Entidades como BBVA ha creado un préstamo sostenible que pone el foco en la reducción de la huella hídrica e Iberdrola ha sido la primera empresa en formalizar esta solución. Más info [39] Act4water es una iniciativa que ha desarrollado los Créditos de Agua Positiva y el Act4water Estándar Sobre nosotros – Act4Water [40] El MITECO lidera el diseño del Plan Nacional de Restauración, a través de un proceso de participación pública con grupos de trabajos inter autonómicos, con áreas de la AGE, y participación pública con ONGs, OPAs, profesionales, sector empresarial, investigadores y público general. [41] El seguimiento e implantación de las medidas de la ENRR se encuentran en los informes anuales de seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca y en los planes de gestión del riesgo de inundación [42] La ejecución e implementación de las medidas de la ENRR se materializan a través de los Programas de medidas de los Planes Hidrológicos y los Planes de gestión de riesgo de inundación. Las Fuentes de financiación más relevantes están asociados a PRTR, FEADER, Programas LIFE, FER, presupuestos de CCAA y Ayuntamientos. Más info [43] Según el informe de seguimiento de la ENRR se inició inventario de cauces públicos que se someterá a consulta pública, en él se exponen una primera aproximación de cifras como: 24.174 Tramos fluviales con cartografía DPH en el SNCZI (km); 19.223 Barreras transversales; 13.655 Km de barreras longitudinales. [44] Los datos actualizados a cierre de 2024 incluyen los convenios de custodia suscritos por las Demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir (1), Júcar (5) y Segura (1). [45] Límite de Fondos NextGenerationEU: La Comisión Europea exige que todos los desembolsos de los fondos de recuperación finalicen en diciembre de 2026, lo que obliga a que todas las solicitudes de pago finales se gestionen antes de agosto de dicho año. [46] Se resalta que varios Estados miembros no siguieron debidamente las recomendaciones formuladas por la Comisión en 2019 al preparar sus planes hidrológicos de cuenca y sus planes de gestión del riesgo de inundación. [47] Estrategia europea para hacer frente a los retos mundiales más acuciantes y movilizar hasta 300.000 M€ de inversiones para proyectos sostenibles y de alta calidad. (Enfoque competitividad y seguridad) mediante inversiones en gobernanza, conocimiento e infraestructuras estratégicas, incluidas las hídricas. [48] La Agenda de Acción para el Agua, adoptada en 2023: 689 compromisos para alcanzar la seguridad hídrica global. La UE presentó una lista de 33 compromisos voluntarios. [49] La Conferencia ONU Agua organizada conjuntamente por los Emiratos Árabes y Senegal, tiene como objetivo acelerar la implementación del ODS 6. Se celebrará en los Emiratos Árabes del 2 al 4 de diciembre de 2026. [50] El Pacto se propondrá para su respaldo político por parte de la UE y de sus socios del sur del Mediterráneo en noviembre de 2025 con ocasión del 30.º aniversario del Proceso de Barcelona. [51] El Consejo Nacional del Agua, se celebró el 18 de diciembre de 2025 en Madrid. Nota de presa [52] Las repercusiones del CNA en la prensa local, por parte de Castilla la Mancha y Murcia. [53] Reflexiones de los Desayunos de Trabajo CONAMA 2026. Celebrado en 3 de diciembre de 2025 en Madrid.  [EP1]Esto no es del todo correcto. La ONU recomienda que la asequibilidad del agua no puede estar por encima del 3% del presupuesto familiar, eso no significa que 0,8% de media, no haya en España familias que están por encima. Cuidado con esta expresión.

Movilidad Sostenible |Panorama de políticas ambientales |CONAMA 2026

LA MOBILIDAD SOSTENIBLE COMO EJE ESTRATÉGICO DE LA TRNASICIÓN ECOLÓGICA La movilidad sostenible constituye un eje estratégico para la transición hacia un modelo socioeconómico bajo en carbono, resiliente y respetuoso con la salud pública y el medio ambiente. Su relevancia se manifiesta en la reducción de emisiones contaminantes que afectan directamente a la calidad del aire y, por ende, a la salud humana, en la mitigación del cambio climático mediante la disminución de gases de efecto invernadero, en la mejora de la eficiencia energética al reducir la dependencia de combustibles fósiles, y en la preservación de la biodiversidad al limitar la presión sobre los ecosistemas. En España, la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible se erige como el marco normativo de referencia para integrar estos objetivos en las políticas de transporte y planificación urbana. Esta norma se suma a iniciativas previas como la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el Programa MOVES III de apoyo a la electrificación del parque automovilístico y el despliegue de infraestructuras de recarga, así como la promoción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en las ciudades. En conjunto, estas políticas configuran un entramado coherente que busca transformar el sistema de movilidad en España, alineándolo con los compromisos europeos e internacionales en materia de sostenibilidad y acción climática. La Ley de Movilidad Sostenible busca regular aquellas actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte, la mejora de la gobernanza, los combustibles alternativos, la movilidad inclusiva, el fomento de la innovación y la digitalización, la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas. Esta ley se alinea con la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, presentada en diciembre de 2020, y que sienta las bases de cómo el sistema de transporte de la Unión Europea puede lograr su transformación verde y digital y ser más resistente a las crisis futuras, con una reducción del 90 % en las emisiones para 2050 gracias a un sistema de transportes inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible. Así mismo, el Marco de Movilidad Urbana de la Unión Europea establece una estrategia integral para transformar la movilidad en las ciudades europeas hacia un modelo más sostenible, seguro, inclusivo y conectado, alineado con el Pacto Verde Europeo y los objetivos climáticos para 2030 y 2050. A nivel estatal, destaca la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que guía las actuaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en materia de movilidad, infraestructuras y transportes durante los siguientes 10 años tras su aprobación. Los pilares básicos de la estrategia son la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad. Mediante la seguridad se pretende garantizar una mayor protección de personas y bienes, mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad; a través de la sostenibilidad se busca priorizar la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático; a través de la conectividad se busca la digitalización y el avance tecnológico, la conectividad con Europa y el mundo, y la conectividad multimodal.   MOVILIDAD LIMPIA Y SALUDABLE Uno de los pilares básicos de la Ley de Movilidad Sostenible es el fomento de formas de movilidad limpias y sostenibles. Uno de los puntos clave para conseguir esto es la movilidad urbana; a través de la promoción de la movilidad activa, el transporte público colectivo y los esquemas de movilidad de alta ocupación. Así mismo, la ley pone de manifiesto la importancia de establecer medidas que faciliten el cálculo, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sistemas de transporte, así como la implantación de sistemas de gestión ambiental y de la energía y la utilización de fuentes de energía alternativa en puertos y aeropuertos. También destaca la importancia de mejorar la competitividad en el transporte de mercancías y la logística, aumentando a su vez la eficacia de los mismos. A nivel europeo, existen varios reglamentos que persiguen el cambio hacia combustible alternativos más limpios y sostenible. El Reglamento 2023/1804, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, establece normas vinculantes para desplegar una infraestructura accesible, interoperable y visible para combustibles alternativos en toda la Unión Europea, con el fin de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible. El Reglamento 2023/2405 (ReFuelEU Aviation) y el Reglamento 2023/1805 (ReFuelEU Maritime) tienen el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de combustibles más sostenible en aviación y en transporte marítimo. Por otro lado, el Reglamento 2023/857, incrementa la ambición de reducción de emisiones en los sectores no cubiertos por el comercio de emisiones, entre los que se encuentra el transporte por carretera, alineándolo con los compromisos del Acuerdo de París y el Paquete “Fit for 55”[1]. Por otro lado, la Directiva 2023/87/CE, sobre Fuentes de Energía Renovables (RED III), que establece metas vinculantes para incrementar la participación de fuentes renovables en el consumo energético de los Estados Miembros, se alinea con el objetivo de conseguir una movilidad más limpia y sostenible a través del establecimiento de una cuota vinculante del 29% de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte para 2030. La transición hacia un transporte libre de emisiones requiere no sólo la reducción de uso de combustibles fósiles, sino también la integración de energías renovables en la electrificación del parque automovilístico, en el desarrollo de infraestructuras de recarga y en la promoción de sistemas de transporte público más eficientes. En este sentido, la Estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra impulsa el desarrollo del hidrógeno renovable como vector energético clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado por carretera o el transporte marítimo. La integración del hidrógeno verde en la planificación de la movilidad permite avanzar hacia un sistema de transporte libre de emisiones, diversificar las fuentes energéticas y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. A nivel nacional, el desarrollo de diferentes estrategias e iniciativas en materia de movilidad sostenible y transporte limpio suponen un soporte a la consecución de los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible. La Iniciativa Mercancías 30 promueve un cambio modal hacia el transporte ferroviario de mercancías, reduciendo emisiones y mejorando la eficiencia energética del sistema logístico. Esta iniciativa pretende elevar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías hasta el 10% en 2030, trasladando tráficos desde la carretera hacia el ferrocarril, potenciando el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales. A su vez, la Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria establece las prioridades de inversión y planificación para garantizar un sistema ferroviario moderno, eficiente y resiliente, asegurando que las infraestructuras ferroviarias dispongan de la capacidad, calidad e interoperabilidad necesarias para absorber el incremento de tráficos y facilitar la transición energética. Por otro lado, la Estrategia Estatal por la Bicicleta, que tuvo como horizonte temporal hasta 2025, ha pretendido avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta, consolidando la bicicleta como un medio de transporte cotidiano, seguro y accesible. Todo esto se traduce en medidas concretas como la promoción de infraestructuras ciclistas seguras, integración de la bicicleta en los planes de movilidad urbana sostenible, impulso de la intermodalidad con el transporte público y fomento de la cultura ciclista como herramienta de cohesión social y territorial. Además, las infraestructuras estratégicas de transporte cuentan con planes, estrategias y marcos estratégicos en materia de movilidad sostenible, como el Plan Director de lucha contra el cambio climático 2018-2030 de RENFE, Adif y Adif Alta Velocidad, que busca reducir el consumo energético y las emisiones de GEI y desarrollar actuaciones para mejorar la resiliencia de las infraestructuras ferroviarias. La Estrategia de Sostenibilidad de Aena y su Plan de Acción Climática 2021-2030 buscan conseguir la neutralidad en carbono y el uso responsable de los recursos, consiguiendo una aviación sostenible. A su vez, el Marco Estratégico del sistema portuario de interés general establece una hoja de ruta para la planificación y gestión de los puertos en España, haciéndolos más sostenibles, digitales, eficientes y conectados. Por último, se debe destacar la obligatoriedad del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2026. En diciembre de 2025, 56 ciudades españolas contaban con ZBE en funcionamiento, mientras que otras 89 ciudades se encontraban en fase de aprobación o puesta en marcha de ZBE.[2]    INVERTIR MEJOR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS La Ley de Movilidad Sostenible busca el establecimiento de mecanismos de financiación que fomenten el uso de un transporte más limpio y sostenible. En relación a la movilidad urbana, se fomentará un sistema de financiación del transporte público urbano basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, además de proyectos de inversión orientados a la mejora, sostenibilidad y digitalización de la movilidad urbana. Además, para garantizar la eficiencia del sistema de transportes, se regularán las obligaciones de los servicios públicos estatales, exigiendo la elaboración de una propuesta que analice el cumplimiento de aspectos relacionados con la demanda, costes de compensación y rentabilidad antes de conseguir la declaración de obligaciones de servicios públicos (OSP). En concreto, el artículo 55 establece la creación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, que estará dotado de recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, así como otros impuestos y tributos, y que se destinará a atender el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de Movilidad Sostenible. En este sentido, la ya mencionada Estrategia Estatal por la Bicicleta destaca algunos instrumentos concretos para la financiación de actuaciones que fomentan la movilidad ciclista, destacando: ·        Programa Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), dirigido a entidades locales para actuaciones de movilidad sostenible, incluyendo, entre las medidas, actuaciones de impulso de la bicicleta[3]. ·        Plan MOVES II, cuya resolución[4] se publicó en marzo de 2021. Dos de sus cuatro líneas de actuación están relacionadas con el impulso a la bicicleta; la actuación 3 con ayudas para el sistema de préstamos de bicicletas eléctricas y la actuación 4 con la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo, incluyendo actuaciones que faciliten el acceso al centro de trabajo a pie o en bicicleta. ·        También se contemplan las actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de empresas privadas, que pueden financiar acciones de áreas estratégicas de la Estrategia Estatal por la Bicicleta como el cambio modal, la oferta de movilidad ciclista, el turismo, el ocio o el deporte. Además, tal y como muestra un estudio de EY que abarca 150 ciudades de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Noruega, la movilidad mediante bicicleta supone beneficios económicos, ya que cada euro invertido en los sistemas de uso compartido de bicicletas está produciendo un retorno económico y social del 10% anual, pudiendo alcanzar un billón de euros en beneficios en 2030[5]. Tras el Plan MOVES II, se lanzó el Plan MOVES III[6], cuya prórroga termina el 31 de diciembre de 2025, y que está destinado a incentivar la movilidad eléctrica y, particularmente, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recargar para estos vehículos. Este plan ha contado con una dotación presupuestaria inicial de 400 millones de euros, ampliada posteriormente hasta 1.200 millones de euros, y con una ampliación final de 400 millones de euros aprobada en diciembre de 2025 para atender solicitudes pendientes. Se espera que en 2026 se ponga en marcha el Plan MOVES IV, como una nueva oportunidad para impulsar la movilidad sostenible a través de la movilidad eléctrica. El Plan continuará la línea de sus predecesores, incorporando mejoras para dar respuesta a las demandas detectadas[7]. En diciembre de 2025, el gobierno presentó el Plan Auto 2030, una nueva hoja de ruta en materia de movilidad eléctrica, con el objetivo de consolidar a España como uno de los grandes polos europeos en este tipo de movilidad. A través de este Plan, el gobierno central asume toda la gestión de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y dejan de depender de las comunidades autónomas[8]. Este tipo de políticas tienen una repercusión positiva en los hábitos de movilidad de los ciudadanos, reflejándose en el aumento de vehículos de transporte descarbonizados. Tal y como muestra el V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España, durante el primer semestre de 2024, España lideró el crecimiento en Europa tanto en matriculación de vehículos eléctricos como en despliegue de infraestructura de recarga[9]. Por otro lado, el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible del transporte sigue avanzando, con la financiación de actuaciones municipales vinculadas a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, la digitalización del transporte público, la mejora de la movilidad urbana y metropolitana, y el impulso de la movilidad activa. Así mismo, la Ley de Movilidad Sostenible también refuerza las bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de transporte y define los criterios de priorización para aquellas inversiones que lleve a cabo la Administración General del Estado, para asegurar que los recursos se destinan a los proyectos que generen un mayor valor para la sociedad. En este sentido, destaca la ya mencionada Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria establece las prioridades de inversión y planificación para garantizar un sistema ferroviario moderno, eficiente y resiliente. La estrategia contempla la movilización de 24.200 millones de euros en inversiones entre 2021 y 2026 y la política inversora debe ir ligada a potenciar la movilidad de los viajeros y las mercancías, optimizar la capacidad de la red y aumentar el gasto en conservación y mantenimiento para posibilitar la sostenibilidad ambiental y mejorar la cohesión social. Otro de los puntos clave de la ley es la participación pública y la transparencia, para lo cual se establecen herramientas que pongan a disposición de todos los ciudadanos información actualizada, se fomenta la publicidad activa en la definición y seguimiento de las políticas públicas de movilidad y se establece la obligación de realizar un informe bienal de actividad por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Como parte del Sistema General de Movilidad Sostenible, instrumento que la Ley de Movilidad Sostenible obliga a poner en marcha, se creará el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM)[10], que recogerá información actualizada sobre la oferta y la demanda de transportes, entre otras cuestiones, a modo de “evidencias” en la toma de decisiones políticas y que servirá de justificación al por qué de dichas decisiones. Además, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, cuenta con un eje (Eje 2) centrado en nuevas políticas inversoras, donde, entre otras líneas de actuación, se encuentra la transparencia y la participación. Para dicha línea de actuación se proponen medidas como el establecimiento de una plataforma digital de información sobre la red de transporte de interés general y la mejora de la participación pública en la elaboración de planes y proyectos de infraestructura y servicios de transporte.    LA MOVILIDAD COMO DERECHO SOCIAL La Ley de Movilidad Sostenible pone la movilidad en el centro de la sociedad, considerándola un derecho social y situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas a través del Sistema General de Movilidad Sostenible. Este Sistema facilitará la participación de los sectores productivos, el ámbito académico y la sociedad civil en la definición de las políticas de transporte y movilidad. Entre sus objetivos destaca la mejora en el diseño, implementación y seguimiento de servicios de movilidad, incluyendo zonas rurales o de baja densidad de población. También se abre la definición de servicios de movilidad a otras formas de provisión de movilidad alternativas, más flexibles para poder adaptarse tanto al entorno en el que surgen las necesidades como adaptarse a las distintas tecnologías de movilidad que puedan surgir. Estos servicios de movilidad pueden consistir en sistemas de transporte público a demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida. Además, se pretende lograr una movilidad inclusiva y universal, adaptada a las necesidades de todas las personas, priorizando la inversión en este tipo de movilidad. Así mismo, también se priorizará la respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana. Todo esto aparecerá reflejado en las guías de buenas prácticas, que son documentos que recogen actuaciones y experiencias satisfactorias de las administraciones públicas, entidades y empresas, que puedan ser adoptadas o ejecutadas por otras. A esta línea de proporcionar una movilidad sostenible accesible a todos los ciudadanos contribuye el Reglamento 2023/1804, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, cuyo objetivo principal es que los ciudadanos puedan recargar o repostar vehículos eléctricos, de hidrógeno o con otros combustibles alternativos con la mismas facilidad que los vehículos convencionales, fomentando la descarbonización del transporte. Entre las obligaciones que presenta el reglamento se encuentra la presencia de estaciones de recarga eléctrica de alta potencia a intervalos regulares en las principales rutas europeas o la publicación de precios claros y accesibles, así como datos en tiempo real sobre disponibilidad y potencia de los cargadores, por parte de los operadores. Tal y como marca la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, es necesario que el camino hacia la movilidad sostenible y conectada no deje a nadie atrás. Así mismo, el Marco de Movilidad Urbana de la Unión Europea presenta recomendaciones para avanzar en esta línea, mostrando la necesidad de abordar la pobreza en el transporte y las desigualdades de acceso a las redes de movilidad, prestando especial atención a zonas rurales y entornos periurbanos. Por otro lado, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 cuenta con un eje (Eje 1) centrado en la “Movilidad para todos”, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal a los servicios de transporte y alternativas al vehículo privado en todos los territorios. En diciembre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció una convocatoria de ayudas por valor de 52 millones de euros para municipios de menos de 5.000 habitantes, para financiar proyectos innovadores y cohesionadores en el entorno rural, con el objetivo de combatir la despoblación. Estas ayudas podrán financiar proyectos promovidos por entidades locales, por entidades sin ánimo de lucro, por pymes, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social. En la actualidad, se está llevando a cabo el desarrollo de la Estrategia nacional contra la pobreza de transporte por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que recogerá medidas para aliviar y prevenir la pobreza en el transporte. Para su desarrollo, se ha creado un Grupo de Trabajo Interministerial para asegurar la adecuada incorporación de políticas ya desarrolladas o previstas por otros Ministerios y Administraciones Públicas. Además, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa entre el 29 de enero de 2024 y el 15 de enero de 2025.   UN SISTEMA DE TRANSPORTE DIGITAL E INNOVADOR La Ley de Movilidad Sostenible pretende desarrollar un sistema de transporte actualizado, innovador y en el que se impulse la digitalización, con el objetivo de dar un mejor servicio al ciudadano. Uno de los puntos clave es la regulación en materia de digitalización y datos abiertos, con el objetivo de disponer de información en formato digital que permita mejorar la definición de las políticas públicas y la gestión del sistema, promover la disponibilidad de la información a través de los datos abiertos y favorecer el desarrollo de aplicaciones que permitan a los ciudadanos la adopción de decisiones sobre la planificación de sus viajes. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif y Puertos del Estado se ha aportado por impulsor el proceso de digitalización del sector logístico a través de la adjudicación de un contrato para el mantenimiento y mejora de la plataforma tecnológica SIMPLE, que es una plataforma digital para la gestión integrada y digital de documento, datos y flujos de información vinculados al transporte multimodal de mercancías, puesta en marcha en 2023[11]. Así mismo, se ha lanzado la aplicación Reve, un mapa interactivo con información en tiempo real de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en España. Por otro lado, se promueve la creación de un sandbox que permita que los promotores de proyectos innovadores en movilidad puedan llevar a cabo actividades innovadoras en un entorno de pruebas acotado. También se introduce la regulación del vehículo automatizado para facilitar su introducción progresiva en el sistema de transportes de forma segura. [1] En julio de 2021 la Comisión Europea presentó el paquete “Fit for 55” para alinear el marco regulatorio en materia de energía y clima con unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero y asegurar una transición verde, justa y competitiva del sistema económico de la Unión Europea. El paquete “Fir for 55” propone un conjunto de medidas legislativas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en, al menos, un 55% para 2030 respecto a los valores de 1990, y situar a la UE en la senda de la neutralidad climática en 2050. [2] EuroTaller. (s.f.). ZBE en 2026: El nuevo marco de movilidad que afectará a millones de conductores en España. https://www.eurotaller.com/noticia/zbe-en-2026-el-nuevo-marco-de-movilidad-que-afectara-a-millones-de-conductores-en-espana [3] El Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográficos (PROGRAMA DUS 500), establece el tipo de proyectos que serán objeto de la ayuda, que deberán conseguir la reducción de emisiones de dióxido de carbono, a través de una o varias medidas elegibles, entre las que se incluye la movilidad sostenible. [4] Resolución de 3 de marzo de 2021, por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa MOVES II. Boletín Oficial del Estado, nº 56, 26241–26242. https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3488.pdf [5] EYS Municipales. (2023, 27 de noviembre). El uso compartido de bicicletas genera más de 300 millones de euros en beneficios anuales en Europa, según un estudio de EY. EYS Municipales. https://www.eysmunicipales.es/actualidad/el-uso-compartido-de-bicicletas-genera-mas-de-300-millones-de-euros-en-beneficios-anuales-en-europa-segun-un-estudio-de-ey [6] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2021, 14 de abril). Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Boletín Oficial del Estado, nº 89. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf [7] López, A. (2025, 2 de diciembre). Plan MOVES IV 2026: ayudas, requisitos y novedades. Cuerva Energía. https://cuervaenergia.com/es/comunidad/gestion-empresarial/plan-moves-iv-2026-ayudas-requisitos-y-novedades/ [8] Movilidad Sostenible. (2025, 3 de diciembre). Plan Auto 2030: el Gobierno presenta la nueva estrategia que transformará la automoción española. https://www.movilidadsostenible.com.es/plan-auto-2030-el-gobierno-presenta-la-nueva-estrategia-que-transformara-la-automocion-espanola/ [9] Movilidad Sostenible. (2025, 11 de septiembre). Publicado el V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica: España lidera el crecimiento en Europa en matriculación de vehículos eléctricos e infraestructura de recarga. https://www.movilidadsostenible.com.es/publicado-el-v-informe-obs-sobre-movilidad-electrica-espana-lidera-el-crecimiento-en-europa-en-matriculacion-de-vehiculos-electricos-e-infraestructura-de-recarga/ [10] El Título I de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible desarrolla la puesta en marcha del Sistema General de Movilidad Sostenible. [11] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (2025, 22 de octubre). Transportes amplía la plataforma tecnológica SIMPLE con nuevas funcionalidades que mejoran el servicio y la experiencia de uso. https://www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/mie-22102025-1233

DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD TERRITORIAL | Panorama de políticas ambientales |CONAMA 2026

INTRODUCCIÓN El territorio de nuestro país tiene una gran complejidad. La historia de las gentes que lo han poblado, un entorno geográfico muy variado conformado por una península, territorios tanto insulares como en otros continentes, una gran diversidad geológica y natural, así como una política territorial donde conviven administraciones estatales, autonómicas y locales, han generado un territorio muy diverso donde las oportunidades deberían poder distribuirse en base a una equidad territorial justa. En este territorio se desarrollan las vidas, anhelos y proyectos de multitud de personas, empresas, asociaciones y gran diversidad de actores. A lo largo de la historia, su esfuerzo, trabajo y las relaciones que han tenido entre ellos han ido conformando sobre el territorio diversos paisajes, que en muchos casos constituyen una identidad con gran fuerza en el territorio. El Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa, desde el año 2000 anima a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad. En este convenio se reconocen todas las formas de paisajes europeos, naturales, rurales, urbanos y periurbanos, incluyendo tanto aquellos que son emblemáticos como los ordinarios. En muchos territorios rurales el paisaje, la identidad y el sentimiento de pertenencia tienen un fuerte arraigo. Sus pobladores son conscientes de la importancia de su preservación en el tiempo, no como museos o exposiciones de lo que fue un pasado más o menos bucólico, sino como un paisaje dinámico, innovador, con fuerza y futuro, definitivamente, un paisaje vivo. Y en ese ecosistema social, natural y económico han surgido en las últimas décadas movimientos e iniciativas que promueven y dan visibilidad a un mundo rural vivo, donde es necesario abordar multitud de retos, no solo ambientales: • Mejorar las posibilidades para vivir en entornos vertebrados e interconectados con unos servicios cercanos para la ciudadanía. • Promover el emprendimiento y la innovación en el territorio sin olvidar la importancia y necesidad de poner en valor y garantizar la supervivencia de los sectores tradicionales. • Alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres. • Fomentar la participación e inclusión intergeneracional. • Garantizar la coordinación entre las diferentes administraciones • Dotar de perspectiva rural a las diferentes herramientas de planificación que se tienen que implementar en el territorio, así como la legislación que debe aplicarse, en muchos casos diseñada sin tener en cuenta la casuística territorial existente en las zonas rurales. • Promover la cultura en el rural y el nuevo relato que surge desde el rural para transmitir y dar a conocer su forma de vida. Son multitud las herramientas, medidas y propuestas que tendrían que llevarse a cabo para abordar estos retos. El proceso de identificación, desarrollo y puesta en marcha de estas medidas es un proceso conjunto en el que la gobernanza es clave. Desde la Fundación CONAMA se trabaja desde su nacimiento en la facilitación de diversos procesos de gobernanza. En concreto, la relación entre el territorio, el reto demográfico y la transición ecológica ha sido un tema clave en los debates de CONAMA desde 2016. En las últimas ediciones, se ha puesto énfasis en la necesidad de revalorizar el papel de las zonas rurales en este contexto, explorando soluciones que integren el desarrollo socioeconómico con la sostenibilidad ambiental. Este enfoque ha permitido abordar la problemática de la despoblación rural y los desequilibrios territoriales, situando el reto demográfico en el centro de las políticas de transición ecológica. Algunas de las actividades desarrolladas en el marco de CONAMA en los últimos años se pueden encontrar al final de este documento. POTENCIANDO EL VALOR DEL MEDIO RURAL EUROPEO La Comisión Europea ha presentado la estrategia "Right to Stay" con la finalidad de establecer cómo la política de cohesión puede romper el ciclo de despoblación de Europa y afianzar el camino hacia Zonas Rurales Conectadas en la Unión europea. En un proceso que transforma silenciosamente el continente europeo, las ciudades pequeñas y pueblos pierden a sus jóvenes, las zonas rurales se reducen y las diferencias regionales se amplían. Se ha pasado de plantearnos si las personas tienen que tener libertad de movimiento a dilucidar si parte de la ciudadanía tiene una opción real para quedarse en los territorios donde nacieron. La estrategia «Right to Stay» («Derecho a Permanecer») de la Comisión Europea es un marco político emblemático diseñado para garantizar que todos los europeos puedan permanecer y construir su futuro en el lugar que consideran su hogar, en lugar de verse obligados a reubicarse debido al declive económico o a la falta de oportunidades y servicios esenciales. Cuando la despoblación conduce al descontento Las regiones que sufren en este proceso demográfico no solo pierden personas, sino que el dinamismo económico, influencia política y confianza en las instituciones va perdiendo fuerza progresivamente. El estudio del CCI muestra cómo la reducción de la población activa (entendiendo esta como aquella en edad de trabajar) genera que la capacidad económica del territorio afectado se vea reducida, entrando en un ciclo que se retroalimenta forzando a más personas a migrar. Este proceso se denomina la «trampa del desarrollo». No solo tiene importancia por cuestiones demográficas y económicas, sino que esta situación contribuye a la insatisfacción política. Una publicación de Panorama analizó el informe del JRC sobre la naturaleza dual del descontento verde, en el que se recoge como las comunidades que se enfrentan al declive demográfico y al estancamiento económico tienen más probabilidades de expresar opiniones negativas y contrarias por las transiciones ecológica y digital. Los territorios perciben que soportan los impactos negativos de las transiciones, pero no obtienen beneficios de estos procesos. En un contexto en el que el peso político se encuentra en declive, los temores de quedarse más atrás todavía se enraízan y se produce un caldo de cultivo idóneo para que la desinformación y los extremismos se extiendan. En esta situación la pervivencia de una política de cohesión es más necesaria que nunca, ya que permite a las comunidades adaptarse a las nuevas realidades demográficas, apoyar a las regiones que se enfrentan al envejecimiento de la población, reforzar las zonas suburbanas alrededor de las ciudades y revitalizar las ciudades y pueblos en riesgo de despoblación. Es por ello que «Derecho a Permanecer» es más urgente que nunca: Europa se encuentra en una encrucijada demográfica. La población está alcanzando su punto máximo y comenzará a disminuir. Las tasas de fertilidad se mantienen muy por debajo de los niveles de reemplazo. Y a menos que las condiciones mejoren a nivel local, los patrones migratorios profundizarán las divisiones regionales en lugar de equilibrarlas. Por lo tanto, el «derecho de estancia» no es una oposición a la libertad de circulación. Es el pilar que falta lo que hace que la libertad tenga sentido. Sin ella, Europa corre el riesgo de convertirse en un continente en el que solo unas pocas regiones dinámicas prosperen, mientras que otras pierden a sus jóvenes, sus servicios, su influencia y, finalmente, su futuro. Con ella, la política de cohesión puede fomentar comunidades locales dinámicas, un desarrollo territorial equilibrado y una Europa en la que todos, independientemente de dónde hayan nacido, puedan elegir realmente dónde construir su vida. Pacto Verde Europeo El Pacto Verde Europeo busca abordar la sostenibilidad ambiental, no solo en términos climáticos, sino también protegiendo recursos naturales y reduciendo su uso. El objetivo es convertir a la UE en una economía eficiente y competitiva con emisiones netas cero para 2050, desvinculando el crecimiento económico del uso de recursos . En el ámbito agrícola y las partes interesadas del ámbito rural, se destaca un cambio hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, con la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 como herramienta clave para alinear la agricultura con objetivos ambientales específicos desarrollados en el Plan estratégico de la PAC de España (PEPAC). El PEPAC está diseñado para contribuir de manera significativa a las ambiciones del Pacto Verde Europeo, la Estrategia “De la Granja a la Mesa” y la Estrategia sobre Biodiversidad. Pacto Rural y Plan de Acción Rural de la UE La Comisión Europea ha delineado una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE en junio de 2021, identificando desafíos y oportunidades cuyo objetivo es lograr unas comunidades rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040. El Consejo Europeo reconoció oficialmente a las áreas rurales como áreas estratégicas para el desarrollo económico y social de la Unión Europea en noviembre de 2023. Esta designación se basa en dos razones principales: en primer lugar, las áreas rurales fomentan la prosperidad, resiliencia y el tejido social y cultural de las comunidades rurales. En segundo lugar, sirven como salvaguardas de la agricultura y garantizan la seguridad alimentaria, siendo fundamentales en la estrategia de la UE para lograr la autonomía de los sistemas alimentarios. El Pacto Rural y el Plan de Acción Rural de la UE se destacan como elementos clave para fortalecer, hacer resilientes y prosperar las zonas rurales hasta 2040. A pesar de desafíos como el envejecimiento de la población, falta de conectividad e infraestructuras subdesarrolladas, estas áreas son fundamentales para las transiciones ecológica y digital de la UE. Cumplir con objetivos digitales de la UE para 2030 puede impulsar el desarrollo sostenible en zonas rurales más allá del sector agrario, generando oportunidades en servicios e industrias, y contribuyendo a una distribución geográfica más equitativa de servicios e industrias. POTENCIANDO EL VALOR DEL MEDIO RURAL ESPAÑOL Gobernanza creada por y para el territorio: Estrategias Nacionales para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico El gobierno ha desarrollado diversos planes, estrategias y líneas de actuación enfocados a abordar los retos y problemas a los que se enfrentan las zonas en declive demográfico como son el nuevo Marco Estratégico para el Reto Demográfico, que se desarrolla mediante la nueva Estrategia Nacional, el Plan 30 Minutos y el Nuevo Observatorio. Estos instrumentos, buscan dotar de madurez y plasmar sobre el territorio la política de reto demográfico. Se plantea dar una respuesta estructural que vaya más allá de los planteamientos coyunturales marcados por los fondos europeos en los últimos años. La Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico fue una hoja de ruta a largo plazo, en la que participarían todas las Administraciones (estatal, autonómica y local) y la sociedad civil (entidades privadas, asociaciones organismos sin ánimo de lucro, ciudadanos y tercer sector de acción social). Su objetivo fue garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios en España. Con un enfoque integral, abordó las desigualdades y desafíos demográficos. Se buscó lograr una estrategia inclusiva y participativa. Abordó las cuestiones clave de despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Se presenta como un enfoque global y transversal, con la participación de todos los departamentos ministeriales y la colaboración de comunidades autónomas y entidades locales. Con un enfoque territorial y urbano sostenible, la estrategia pretende conectar lo urbano con lo rural y ofrecer oportunidades de desarrollo social y económico, respaldando la Agenda Urbana Española. Además, se destaca como herramienta necesaria para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. La Estrategia tuvo varias líneas de actuación relacionadas con la fijación de población. Algunas de ellas incluyen: El eje 1 de las 130 Medidas se centró en el impulso de la transición ecológica como elemento clave para la revitalización de los pequeños municipios y las zonas rurales. La transición ecológica favorece una mayor calidad de vida, generación de empleo, mejora de la resiliencia, promueve la protección ambiental, y contribuye al cumplimiento de los objetivos globales sobre cambio climático y biodiversidad. Este eje incluyó 22 medidas con los objetivos de promocionar una transición energética acorde a las comunidades locales desarrollando iniciativas innovadoras y sostenibles, el impulso de la bioeconomía, orientación de la protección ambiental y la garantía de una Transición Justa en el territorio. La estrategia abordó 3 desafíos: • La despoblación afecta gravemente a muchos municipios españoles. Según el Informe de Situación de despoblación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: el 61,7% ha perdido población entre 2001 y 2017 y el 48 % se encuentra en riesgo de despoblación según criterios de La Unión Europea (menos de 12,5 habitantes por km²). Este proceso se da con más intensidad en los municipios menores de 5.000 habitantes (87,6% de ellos), así como en el 70% de las cabeceras (núcleos funcionales rurales) y en el 63% de las ciudades con una población entre 20.00 y 50.000 habitantes. • El envejecimiento poblacional se puede considerar como un éxito de modelo social, aunque genera importantes retos que deben afrontarse, de manera especial en el ámbito rural . • La población flotante y la estacionalidad demográfica producen dificultades en la prestación de servicios y en la gestión de equipamientos e infraestructuras en ciertos territorios, debido a la llegada de gran cantidad de población estacional . La estrategia tuvo las siguientes medidas destacadas: • Ayudas al emprendimiento y el empleo de los jóvenes en los municipios en riesgo demográfico • Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres en el desarrollo de proyectos en el medio rural: apoyo a las asociaciones, formación, innovación, empoderamiento… • Mejora de la conectividad territorial y la extensión de banda ancha a través del Plan 800 y el impulso del PEBA-NGA • Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural • Dinamización de las áreas industriales, para la reindustrialización y la extensión de la economía 4.0 en todo el territorio • Impulso de la actividad turística a través de la Plataforma de Turismo Rural y de Interior • Lanzamiento del primer Digital Innovation Hub para el Reto Demográfico en la Unión Europea • Mantenimiento, atendiendo a las necesidades de la Defensa y de la eficiencia, de las infraestructuras (bases y acuartelamientos) en el medio rural • Incorporación del impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión • Atención a la educación, el ocio y la cultura en las áreas rurales y las islas, con una oferta diversificada y de calidad, y relacionada con el entorno, para luchar contra la desigualdad y la pobreza en la infancia. La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico identifica prioridades en vivienda, en movilidad de proximidad y en prestación de servicios básicos, donde es fundamental esa aproximación de cooperación multinivel. El documento recoge las directrices de la política territorial en España, establece las grandes líneas de acción y medidas para cada uno de los niveles de la Administración, de acuerdo con sus competencias, a la vez que interpela a la sociedad civil para lograr que se pueda integrar con eficacia. Desde el MITECO se plantea que sea un texto “vivo”, en continua actualización, de forma que se completará con análisis sectoriales (vivienda, transporte, relevo generacional, inclusión o perspectiva de género) y territoriales. De esta forma se promoverá la elaboración de estrategias locales integradas. La estrategia se compone de cinco pilares verticales y dos ejes de actuación transversales: • Pilar 1: Resiliencia y adaptación a la emergencia climática en los territorios: el medio rural requiere instrumentos para reconocer los servicios ambientales que presta y dotarlo de infraestructuras, empleo y servicios que aprovechen la transición ecológica. • Pilar 2: Equidad territorial en el acceso a infraestructuras y servicios: al reducir las brechas urbano-rurales, asegurar las condiciones equivalentes de bienestar y calidad de vida en todo el territorio y lograr un acceso funcional a los servicios esenciales. • Pilar 3: Dinamismo socioeconómico-local: al impulsar el desarrollo endógeno, la atracción de talento, la creación de empleo de calidad y la diversificación económica adaptada a las singularidades de cada territorio. • Pilar 4: Igualdad e inclusión en los territorios: apoyo a la cohesión social, igualdad e identidad social inclusiva, que promueve el arraigo, la igualdad de oportunidades y la integración social a través de políticas activas de acogida e inclusión dirigidas a mujeres, jóvenes, familias, personas mayores, migrantes nacionales y extranjeros, y otros colectivos vulnerables o con necesidades particulares. • Pilar 5: Cultura, identidad y arraigo: apoyo a la cultura local, preservando sus activos y promoviendo una comunicación plural y representativa de la realidad rural contemporánea, alejada de los estereotipos y visiones paternalistas, que visibilice las oportunidades, transformaciones y aportaciones del medio rural a la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la cohesión social, cultural y simbólica del territorio, y generando orgullo de pertenencia y capital social. • Eje transversal 6: Ciencia, investigación y herramientas de conocimiento: proporcionar datos, análisis, investigaciones y creación de conocimiento por y para el mundo rural, que sirvan a las administraciones públicas para diseñar políticas eficaces y que puedan ser puestos al servicio de la comunidad investigadora, de las asociaciones y otros actores del territorio y de la ciudadanía en general. • Eje transversal 7: Gobernanza, perspectiva rural y planificación: reforzar la gobernanza multinivel, la participación, la escalabilidad territorial y las capacidades técnicas de las entidades locales. Actualización de los marcos normativos y refuerzo de las herramientas de análisis y conocimiento que permitan implementar el mecanismo de garantía rural y mejorar el diseño de estrategias territoriales y de las futuras políticas. A pesar de los esfuerzos visibles y las medidas implementadas, el problema de despoblación persiste. En el contexto de las políticas contra la despoblación y el desarrollo rural, se destaca la importancia crucial de la participación y el empoderamiento de las poblaciones afectadas. El objetivo es lograr una gobernanza más horizontal, permitiendo que las comunidades sean protagonistas de las acciones y medidas que las impactan, y que esta forma de gobernanza sirva como medio para combatir la despoblación en las zonas rurales. Se menciona el enfoque LEADER de la Unión Europea y los Grupos de Acción Local como paradigmas de esta gobernanza rural destinada a impulsar el desarrollo y abordar la despoblación . Análisis sectorial y territorio La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (2021), incluye como uno de sus principios básicos la sostenibilidad en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. Se prioriza la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia energética, y la lucha contra el cambio climático, tratando de minimizar la contribución del transporte a las emisiones contaminantes. Se fomentan los modos limpios, la economía circular, la resiliencia climática y la movilidad universal. La Mesa de Movilidad Rural (MMR) se constituyó impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en febrero de 2022. Desde el MITMA-MITERD lideran y coordinan la creación de una Mesa para abordar la movilidad rural, aunque esta es competencia de las Comunidades Autónomas. La secretaría de esta Mesa impulsará la elaboración de documentos técnicos y líneas de trabajo con la colaboración de sus miembros, pudiendo establecer también grupos de trabajo específicos: • Promover la renovación del parque de vehículos eléctricos y la creación de una red de infraestructuras de recarga extensa para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. A través del Plan de incentivos a la instalación de puntos de recargar, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde con un presupuesto de 445.000,00€. • El programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, Plan MOVES II, busca contribuir a la descarbonización del sector transporte. Su objetivo es fomentar el uso de energías alternativas para cumplir con los objetivos establecidos en el PNIEC 2021-2030. El plan promueve acciones de apoyo a la movilidad basadas en criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incentivando el uso de energías alternativas y la implementación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en todo el territorio nacional. Energías renovables: Actuar como apoyo para el despliegue de las energías renovables en todo el territorio nacional mediante convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y eléctricas innovadoras. Apoyo a la integración sectorial de renovables en ámbitos estratégicos de la economía incluidos el industrial, agrícola y comercial. Despliegue de techos solares e integración de renovables en la edificación, mecanismos de apoyo a la inversión a la bioenergía. Apoyo a la inversión en proyectos de renovación tecnológica (repotenciación y rehabilitación), hibridación de tecnologías o los que combinan soluciones de almacenamiento. Impulsar agendas para la Transición Energética en las Islas, con un enfoque en el respaldo a proyectos para la penetración e integración de energías renovables en sistemas insulares. El objetivo principal es lograr una integración efectiva de las renovables en el territorio, permitiendo que estas también proporcionen potencia firme y otros servicios, al tiempo que se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y los consiguientes costos adicionales en energía. Autoconsumo: Impulso del uso de energías renovables en aplicaciones eléctricas y térmicas a través de dos líneas de acción en régimen de concurrencia competitiva. Estas iniciativas se llevan a cabo mediante convocatorias cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y pueden recibir fondos adicionales vinculados a la recuperación económica. Rehabilitación energética de edificios: El programa PREE 500 busca fomentar la rehabilitación energética de edificios, abarcando mejoras en la envolvente térmica y la sustitución de instalaciones. Con la meta de mejorar al menos una letra en la calificación energética, se asegura un ahorro mínimo del 30% de energía primaria. Las ayudas incluyen una base, con complementos sociales y de eficiencia energética, destacando el apoyo a comunidades energéticas locales. El programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, financiado por los fondos NextGenerationUE. Regula la concesión directa de ayudas para inversores de proyectos singulares locales de energía limpia en municipios del reto demográfico. Implementación de incentivos y medidas de discriminación positiva, o excepciones cuando sea necesario, en las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas, especialmente en áreas rurales y provincias afectadas por la despoblación. Se busca promover líneas existentes en planes de vivienda con el objetivo de contrarrestar la despoblación, siendo necesario definir criterios como umbrales de densidad y declive demográfico para su aplicación. Plan de subvenciones (Ayudas por comunidad autónoma: Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Aragón, Principado de Asturias)  dirigido a mejorar la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios. El enfoque se centra en la reducción de pérdidas en las redes de distribución, así como en acciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización específicamente en municipios con una población inferior a 10,000 habitantes. Se plantean líneas de actuación específicas de interés para abordar el reto demográfico en zonas rurales. Estas incluyen medidas de prevención de mortalidad, como la corrección de tendidos eléctricos perjudiciales para la avifauna, así como la gestión del control y erradicación de especies exóticas invasoras. También se contempla la mejora y renovación de instalaciones e infraestructuras asociadas a estas actividades. Apoyo a la implementación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Apoyo a la implementación de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas. Su objetivo principal es llevar a cabo la restauración de ecosistemas naturales, la recuperación de áreas afectadas por actividades mineras y diversas iniciativas urbanas que promueven la conectividad y la revitalización verde en entornos urbanos. Activar la gestión forestal sostenible a través de un conjunto de inversiones de apoyo como actuaciones de forestación y planificación para la mejora de las masas forestales y de su biodiversidad, el enriquecimiento de especies y el apoyo a su evolución o la defensa de los ecosistemas a través de la lucha contra incendios. La restauración de minas y el desmantelamiento de instalaciones, incluidas las centrales térmicas de carbón, presentan una oportunidad para generar actividad y empleo a corto plazo . Este proceso deberá ir acompañado de programas de formación. La acción se centra en centros abandonados durante mucho tiempo, donde las empresas han quebrado o liquidado, requiriendo que las administraciones públicas se encarguen de la restauración según lo establecido por la legislación. Ejecutar inversiones esenciales en el sector de recogida y tratamiento de residuos en línea con el Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, que garanticen una gestión adecuada y alcanzar los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales. El Instituto para la Transición Justa, O.A. iniciará un programa de formación en instalación y mantenimiento de energías renovables (eólica y fotovoltaica), así como en rehabilitación energética y restauración medioambiental . Esta iniciativa se llevará a cabo en colaboración con empresas y asociaciones empresariales de estos sectores, y se coordinará con el SEPE y los servicios públicos de empleo. Ante los desafíos futuros del sector agrario, como la transición hacia un modelo más sostenible y la adaptación al cambio climático, así como las estrategias comunitarias recientes (Farm to Fork; Biodiversidad 2030) en línea con el Pacto Verde Europeo, se requiere un ambicioso plan de inversiones a largo y medio plazo. El Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) busca respaldar la implementación de reformas necesarias mediante inversiones públicas y privadas que fomenten un cambio estructural en la producción agrícola y ganadera, generando beneficios para el medio rural, la sociedad, la economía y el medio ambiente en su conjunto. Con el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad se llevarán a cabo inversiones para la modernización de regadíos sostenibles con el fin de fomentar el ahorro de agua y mejorar la eficiencia energética en los regadíos de España. Estas inversiones se aplicarán en áreas previamente designadas como de interés general del Estado, mediante una norma con rango de ley. Esta medida se presenta como una herramienta crucial en la lucha contra la despoblación. Impulso de inversiones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones agropecuarias a través de un programa de ayudas Turismo sostenible La Estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible promueve un turismo responsable que beneficie a las comunidades locales, respetando su autenticidad cultural y aportando beneficios socioeconómicos, especialmente en el turismo rural . Esto contribuye a proteger la agricultura diversa, combatir las desigualdades sociales y crear empleo, apoyando la población joven y combatiendo la despoblación en las zonas rurales. Además, se busca fomentar la sostenibilidad ambiental y el bienestar en estas áreas a través de medidas de desarrollo rural. El Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020, propone un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza en la red Natura 2000, aprovechando los recursos naturales como fuente de ingresos y empleo. El Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000, se aprueba dentro del Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020. Este sistema se basa en la atracción de la naturaleza y promueve el turismo sostenible en espacios naturales protegidos, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y culturales, así como las particularidades locales. Se inspira en la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios protegidos, que busca apoyar las actividades económicas tradicionales y mejorar la calidad de vida en estas áreas. Actividades económicas sostenibles desarrolladas en el territorio Bioeconomía La Estrategia española de Bioeconomía: Horizonte 2030 (2015), es el principal instrumento a nivel nacional para el desarrollo de la bioeconomía. Definida como la generación de valor económico mediante el uso eficiente y sostenible de recursos biológicos, la estrategia abarca sectores como la agricultura, ganadería, caza y pesca, acuicultura, forestal, bioproductos industriales y bioenergía. Involucra a diversos ministerios y fue desarrollada en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales. A nivel nacional, la bioeconomía generó en 2020 un volumen de negocio de 229.873 millones de euros, con 68.510 millones de euros de valor añadido y 1,41 millones de empleos. El Gobierno destinó 77 millones de euros en mayo de 2023 de fondos NextGenerationEU para el fomento de la bioeconomía forestal. A nivel autonómico, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y País Vasco tienen estrategias específicas de bioeconomía. Además, se impulsan proyectos innovadores en bioeconomía, financiados a nivel europeo y nacional. Iniciativas como el programa START-BEC que fomentan el emprendimiento en bioeconomía orientando startups en bioeconomía. En el marco del programa Agroalnext , se evaluó la biomasa potencial en España a nivel provincial, proporcionando una visión global del país. La nueva PAC En el sector agrícola, el desarrollo económico ha estado influenciado desde 1962 por la creación de la Política Agraria Común (PAC), la cual representa una asociación entre la agricultura y la sociedad, así como entre Europa y sus agricultores. La PAC es una política compartida por todos los países de la UE, centrada en el sector agrario y rural. Su base legal está en el Tratado de funcionamiento de la UE y constituye la principal política presupuestaria de la Unión. La PAC brinda un sólido respaldo a los agricultores, proporcionando estabilidad en los ingresos, seguridad y mejora la rentabilidad del sector agrario, contribuyendo al mantenimiento de la actividad agraria y del sistema agroalimentario en su conjunto. Además, la PAC establece condiciones para que el sector agrario cumpla funciones esenciales que benefician a los consumidores y a la sociedad en general: