LA MOBILIDAD SOSTENIBLE COMO EJE ESTRATÉGICO DE LA TRNASICIÓN ECOLÓGICA

La movilidad sostenible constituye un eje estratégico para la transición hacia un modelo socioeconómico bajo en carbono, resiliente y respetuoso con la salud pública y el medio ambiente. Su relevancia se manifiesta en la reducción de emisiones contaminantes que afectan directamente a la calidad del aire y, por ende, a la salud humana, en la mitigación del cambio climático mediante la disminución de gases de efecto invernadero, en la mejora de la eficiencia energética al reducir la dependencia de combustibles fósiles, y en la preservación de la biodiversidad al limitar la presión sobre los ecosistemas. En España, la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible se erige como el marco normativo de referencia para integrar estos objetivos en las políticas de transporte y planificación urbana. Esta norma se suma a iniciativas previas como la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el Programa MOVES III de apoyo a la electrificación del parque automovilístico y el despliegue de infraestructuras de recarga, así como la promoción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en las ciudades. En conjunto, estas políticas configuran un entramado coherente que busca transformar el sistema de movilidad en España, alineándolo con los compromisos europeos e internacionales en materia de sostenibilidad y acción climática.

La Ley de Movilidad Sostenible busca regular aquellas actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte, la mejora de la gobernanza, los combustibles alternativos, la movilidad inclusiva, el fomento de la innovación y la digitalización, la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta ley se alinea con la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, presentada en diciembre de 2020, y que sienta las bases de cómo el sistema de transporte de la Unión Europea puede lograr su transformación verde y digital y ser más resistente a las crisis futuras, con una reducción del 90 % en las emisiones para 2050 gracias a un sistema de transportes inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible.

Así mismo, el Marco de Movilidad Urbana de la Unión Europea establece una estrategia integral para transformar la movilidad en las ciudades europeas hacia un modelo más sostenible, seguro, inclusivo y conectado, alineado con el Pacto Verde Europeo y los objetivos climáticos para 2030 y 2050.

A nivel estatal, destaca la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que guía las actuaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en materia de movilidad, infraestructuras y transportes durante los siguientes 10 años tras su aprobación. Los pilares básicos de la estrategia son la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad. Mediante la seguridad se pretende garantizar una mayor protección de personas y bienes, mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad; a través de la sostenibilidad se busca priorizar la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático; a través de la conectividad se busca la digitalización y el avance tecnológico, la conectividad con Europa y el mundo, y la conectividad multimodal.

MOVILIDAD LIMPIA Y SALUDABLE

Uno de los pilares básicos de la Ley de Movilidad Sostenible es el fomento de formas de movilidad limpias y sostenibles. Uno de los puntos clave para conseguir esto es la movilidad urbana; a través de la promoción de la movilidad activa, el transporte público colectivo y los esquemas de movilidad de alta ocupación.

Así mismo, la ley pone de manifiesto la importancia de establecer medidas que faciliten el cálculo, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sistemas de transporte, así como la implantación de sistemas de gestión ambiental y de la energía y la utilización de fuentes de energía alternativa en puertos y aeropuertos.

También destaca la importancia de mejorar la competitividad en el transporte de mercancías y la logística, aumentando a su vez la eficacia de los mismos.

A nivel europeo, existen varios reglamentos que persiguen el cambio hacia combustible alternativos más limpios y sostenible. El Reglamento 2023/1804, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, establece normas vinculantes para desplegar una infraestructura accesible, interoperable y visible para combustibles alternativos en toda la Unión Europea, con el fin de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible. El Reglamento 2023/2405 (ReFuelEU Aviation) y el Reglamento 2023/1805 (ReFuelEU Maritime) tienen el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de combustibles más sostenible en aviación y en transporte marítimo. Por otro lado, el Reglamento 2023/857, incrementa la ambición de reducción de emisiones en los sectores no cubiertos por el comercio de emisiones, entre los que se encuentra el transporte por carretera, alineándolo con los compromisos del Acuerdo de París y el Paquete “Fit for 55”[1].

Por otro lado, la Directiva 2023/87/CE, sobre Fuentes de Energía Renovables (RED III), que establece metas vinculantes para incrementar la participación de fuentes renovables en el consumo energético de los Estados Miembros, se alinea con el objetivo de conseguir una movilidad más limpia y sostenible a través del establecimiento de una cuota vinculante del 29% de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte para 2030. La transición hacia un transporte libre de emisiones requiere no sólo la reducción de uso de combustibles fósiles, sino también la integración de energías renovables en la electrificación del parque automovilístico, en el desarrollo de infraestructuras de recarga y en la promoción de sistemas de transporte público más eficientes.

En este sentido, la Estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra impulsa el desarrollo del hidrógeno renovable como vector energético clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado por carretera o el transporte marítimo. La integración del hidrógeno verde en la planificación de la movilidad permite avanzar hacia un sistema de transporte libre de emisiones, diversificar las fuentes energéticas y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

A nivel nacional, el desarrollo de diferentes estrategias e iniciativas en materia de movilidad sostenible y transporte limpio suponen un soporte a la consecución de los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible.

La Iniciativa Mercancías 30 promueve un cambio modal hacia el transporte ferroviario de mercancías, reduciendo emisiones y mejorando la eficiencia energética del sistema logístico. Esta iniciativa pretende elevar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías hasta el 10% en 2030, trasladando tráficos desde la carretera hacia el ferrocarril, potenciando el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales. A su vez, la Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria establece las prioridades de inversión y planificación para garantizar un sistema ferroviario moderno, eficiente y resiliente, asegurando que las infraestructuras ferroviarias dispongan de la capacidad, calidad e interoperabilidad necesarias para absorber el incremento de tráficos y facilitar la transición energética.

Por otro lado, la Estrategia Estatal por la Bicicleta, que tuvo como horizonte temporal hasta 2025, ha pretendido avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta, consolidando la bicicleta como un medio de transporte cotidiano, seguro y accesible. Todo esto se traduce en medidas concretas como la promoción de infraestructuras ciclistas seguras, integración de la bicicleta en los planes de movilidad urbana sostenible, impulso de la intermodalidad con el transporte público y fomento de la cultura ciclista como herramienta de cohesión social y territorial.

Además, las infraestructuras estratégicas de transporte cuentan con planes, estrategias y marcos estratégicos en materia de movilidad sostenible, como el Plan Director de lucha contra el cambio climático 2018-2030 de RENFE, Adif y Adif Alta Velocidad, que busca reducir el consumo energético y las emisiones de GEI y desarrollar actuaciones para mejorar la resiliencia de las infraestructuras ferroviarias. La Estrategia de Sostenibilidad de Aena y su Plan de Acción Climática 2021-2030 buscan conseguir la neutralidad en carbono y el uso responsable de los recursos, consiguiendo una aviación sostenible. A su vez, el Marco Estratégico del sistema portuario de interés general establece una hoja de ruta para la planificación y gestión de los puertos en España, haciéndolos más sostenibles, digitales, eficientes y conectados.

Por último, se debe destacar la obligatoriedad del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2026. En diciembre de 2025, 56 ciudades españolas contaban con ZBE en funcionamiento, mientras que otras 89 ciudades se encontraban en fase de aprobación o puesta en marcha de ZBE.[2]

 INVERTIR MEJOR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

La Ley de Movilidad Sostenible busca el establecimiento de mecanismos de financiación que fomenten el uso de un transporte más limpio y sostenible. En relación a la movilidad urbana, se fomentará un sistema de financiación del transporte público urbano basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, además de proyectos de inversión orientados a la mejora, sostenibilidad y digitalización de la movilidad urbana. Además, para garantizar la eficiencia del sistema de transportes, se regularán las obligaciones de los servicios públicos estatales, exigiendo la elaboración de una propuesta que analice el cumplimiento de aspectos relacionados con la demanda, costes de compensación y rentabilidad antes de conseguir la declaración de obligaciones de servicios públicos (OSP).

En concreto, el artículo 55 establece la creación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, que estará dotado de recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, así como otros impuestos y tributos, y que se destinará a atender el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de Movilidad Sostenible.

En este sentido, la ya mencionada Estrategia Estatal por la Bicicleta destaca algunos instrumentos concretos para la financiación de actuaciones que fomentan la movilidad ciclista, destacando:

·        Programa Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), dirigido a entidades locales para actuaciones de movilidad sostenible, incluyendo, entre las medidas, actuaciones de impulso de la bicicleta[3].

·        Plan MOVES II, cuya resolución[4] se publicó en marzo de 2021. Dos de sus cuatro líneas de actuación están relacionadas con el impulso a la bicicleta; la actuación 3 con ayudas para el sistema de préstamos de bicicletas eléctricas y la actuación 4 con la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo, incluyendo actuaciones que faciliten el acceso al centro de trabajo a pie o en bicicleta.

·        También se contemplan las actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de empresas privadas, que pueden financiar acciones de áreas estratégicas de la Estrategia Estatal por la Bicicleta como el cambio modal, la oferta de movilidad ciclista, el turismo, el ocio o el deporte.

Además, tal y como muestra un estudio de EY que abarca 150 ciudades de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Noruega, la movilidad mediante bicicleta supone beneficios económicos, ya que cada euro invertido en los sistemas de uso compartido de bicicletas está produciendo un retorno económico y social del 10% anual, pudiendo alcanzar un billón de euros en beneficios en 2030[5].

Tras el Plan MOVES II, se lanzó el Plan MOVES III[6], cuya prórroga termina el 31 de diciembre de 2025, y que está destinado a incentivar la movilidad eléctrica y, particularmente, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recargar para estos vehículos. Este plan ha contado con una dotación presupuestaria inicial de 400 millones de euros, ampliada posteriormente hasta 1.200 millones de euros, y con una ampliación final de 400 millones de euros aprobada en diciembre de 2025 para atender solicitudes pendientes.

Se espera que en 2026 se ponga en marcha el Plan MOVES IV, como una nueva oportunidad para impulsar la movilidad sostenible a través de la movilidad eléctrica. El Plan continuará la línea de sus predecesores, incorporando mejoras para dar respuesta a las demandas detectadas[7].

En diciembre de 2025, el gobierno presentó el Plan Auto 2030, una nueva hoja de ruta en materia de movilidad eléctrica, con el objetivo de consolidar a España como uno de los grandes polos europeos en este tipo de movilidad. A través de este Plan, el gobierno central asume toda la gestión de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y dejan de depender de las comunidades autónomas[8].

Este tipo de políticas tienen una repercusión positiva en los hábitos de movilidad de los ciudadanos, reflejándose en el aumento de vehículos de transporte descarbonizados. Tal y como muestra el V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España, durante el primer semestre de 2024, España lideró el crecimiento en Europa tanto en matriculación de vehículos eléctricos como en despliegue de infraestructura de recarga[9].

Por otro lado, el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible del transporte sigue avanzando, con la financiación de actuaciones municipales vinculadas a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, la digitalización del transporte público, la mejora de la movilidad urbana y metropolitana, y el impulso de la movilidad activa.

Así mismo, la Ley de Movilidad Sostenible también refuerza las bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de transporte y define los criterios de priorización para aquellas inversiones que lleve a cabo la Administración General del Estado, para asegurar que los recursos se destinan a los proyectos que generen un mayor valor para la sociedad.

En este sentido, destaca la ya mencionada Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria establece las prioridades de inversión y planificación para garantizar un sistema ferroviario moderno, eficiente y resiliente. La estrategia contempla la movilización de 24.200 millones de euros en inversiones entre 2021 y 2026 y la política inversora debe ir ligada a potenciar la movilidad de los viajeros y las mercancías, optimizar la capacidad de la red y aumentar el gasto en conservación y mantenimiento para posibilitar la sostenibilidad ambiental y mejorar la cohesión social.

Otro de los puntos clave de la ley es la participación pública y la transparencia, para lo cual se establecen herramientas que pongan a disposición de todos los ciudadanos información actualizada, se fomenta la publicidad activa en la definición y seguimiento de las políticas públicas de movilidad y se establece la obligación de realizar un informe bienal de actividad por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Como parte del Sistema General de Movilidad Sostenible, instrumento que la Ley de Movilidad Sostenible obliga a poner en marcha, se creará el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM)[10], que recogerá información actualizada sobre la oferta y la demanda de transportes, entre otras cuestiones, a modo de “evidencias” en la toma de decisiones políticas y que servirá de justificación al por qué de dichas decisiones.

Además, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, cuenta con un eje (Eje 2) centrado en nuevas políticas inversoras, donde, entre otras líneas de actuación, se encuentra la transparencia y la participación. Para dicha línea de actuación se proponen medidas como el establecimiento de una plataforma digital de información sobre la red de transporte de interés general y la mejora de la participación pública en la elaboración de planes y proyectos de infraestructura y servicios de transporte. 

LA MOVILIDAD COMO DERECHO SOCIAL

La Ley de Movilidad Sostenible pone la movilidad en el centro de la sociedad, considerándola un derecho social y situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas a través del Sistema General de Movilidad Sostenible. Este Sistema facilitará la participación de los sectores productivos, el ámbito académico y la sociedad civil en la definición de las políticas de transporte y movilidad. Entre sus objetivos destaca la mejora en el diseño, implementación y seguimiento de servicios de movilidad, incluyendo zonas rurales o de baja densidad de población.

También se abre la definición de servicios de movilidad a otras formas de provisión de movilidad alternativas, más flexibles para poder adaptarse tanto al entorno en el que surgen las necesidades como adaptarse a las distintas tecnologías de movilidad que puedan surgir. Estos servicios de movilidad pueden consistir en sistemas de transporte público a demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.

Además, se pretende lograr una movilidad inclusiva y universal, adaptada a las necesidades de todas las personas, priorizando la inversión en este tipo de movilidad. Así mismo, también se priorizará la respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana. Todo esto aparecerá reflejado en las guías de buenas prácticas, que son documentos que recogen actuaciones y experiencias satisfactorias de las administraciones públicas, entidades y empresas, que puedan ser adoptadas o ejecutadas por otras.

A esta línea de proporcionar una movilidad sostenible accesible a todos los ciudadanos contribuye el Reglamento 2023/1804, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, cuyo objetivo principal es que los ciudadanos puedan recargar o repostar vehículos eléctricos, de hidrógeno o con otros combustibles alternativos con la mismas facilidad que los vehículos convencionales, fomentando la descarbonización del transporte.

Entre las obligaciones que presenta el reglamento se encuentra la presencia de estaciones de recarga eléctrica de alta potencia a intervalos regulares en las principales rutas europeas o la publicación de precios claros y accesibles, así como datos en tiempo real sobre disponibilidad y potencia de los cargadores, por parte de los operadores.

Tal y como marca la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, es necesario que el camino hacia la movilidad sostenible y conectada no deje a nadie atrás. Así mismo, el Marco de Movilidad Urbana de la Unión Europea presenta recomendaciones para avanzar en esta línea, mostrando la necesidad de abordar la pobreza en el transporte y las desigualdades de acceso a las redes de movilidad, prestando especial atención a zonas rurales y entornos periurbanos.

Por otro lado, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 cuenta con un eje (Eje 1) centrado en la “Movilidad para todos”, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal a los servicios de transporte y alternativas al vehículo privado en todos los territorios.

En diciembre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció una convocatoria de ayudas por valor de 52 millones de euros para municipios de menos de 5.000 habitantes, para financiar proyectos innovadores y cohesionadores en el entorno rural, con el objetivo de combatir la despoblación. Estas ayudas podrán financiar proyectos promovidos por entidades locales, por entidades sin ánimo de lucro, por pymes, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social.

En la actualidad, se está llevando a cabo el desarrollo de la Estrategia nacional contra la pobreza de transporte por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que recogerá medidas para aliviar y prevenir la pobreza en el transporte. Para su desarrollo, se ha creado un Grupo de Trabajo Interministerial para asegurar la adecuada incorporación de políticas ya desarrolladas o previstas por otros Ministerios y Administraciones Públicas. Además, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa entre el 29 de enero de 2024 y el 15 de enero de 2025.

UN SISTEMA DE TRANSPORTE DIGITAL E INNOVADOR

La Ley de Movilidad Sostenible pretende desarrollar un sistema de transporte actualizado, innovador y en el que se impulse la digitalización, con el objetivo de dar un mejor servicio al ciudadano.

Uno de los puntos clave es la regulación en materia de digitalización y datos abiertos, con el objetivo de disponer de información en formato digital que permita mejorar la definición de las políticas públicas y la gestión del sistema, promover la disponibilidad de la información a través de los datos abiertos y favorecer el desarrollo de aplicaciones que permitan a los ciudadanos la adopción de decisiones sobre la planificación de sus viajes.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif y Puertos del Estado se ha aportado por impulsor el proceso de digitalización del sector logístico a través de la adjudicación de un contrato para el mantenimiento y mejora de la plataforma tecnológica SIMPLE, que es una plataforma digital para la gestión integrada y digital de documento, datos y flujos de información vinculados al transporte multimodal de mercancías, puesta en marcha en 2023[11].

Así mismo, se ha lanzado la aplicación Reve, un mapa interactivo con información en tiempo real de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en España.

Por otro lado, se promueve la creación de un sandbox que permita que los promotores de proyectos innovadores en movilidad puedan llevar a cabo actividades innovadoras en un entorno de pruebas acotado. También se introduce la regulación del vehículo automatizado para facilitar su introducción progresiva en el sistema de transportes de forma segura.

[1] En julio de 2021 la Comisión Europea presentó el paquete “Fit for 55” para alinear el marco regulatorio en materia de energía y clima con unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero y asegurar una transición verde, justa y competitiva del sistema económico de la Unión Europea. El paquete “Fir for 55” propone un conjunto de medidas legislativas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en, al menos, un 55% para 2030 respecto a los valores de 1990, y situar a la UE en la senda de la neutralidad climática en 2050.

[2] EuroTaller. (s.f.). ZBE en 2026: El nuevo marco de movilidad que afectará a millones de conductores en España. https://www.eurotaller.com/noticia/zbe-en-2026-el-nuevo-marco-de-movilidad-que-afectara-a-millones-de-conductores-en-espana

[3] El Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográficos (PROGRAMA DUS 500), establece el tipo de proyectos que serán objeto de la ayuda, que deberán conseguir la reducción de emisiones de dióxido de carbono, a través de una o varias medidas elegibles, entre las que se incluye la movilidad sostenible.

[4] Resolución de 3 de marzo de 2021, por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa MOVES II. Boletín Oficial del Estado, nº 56, 26241–26242. https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3488.pdf

[5] EYS Municipales. (2023, 27 de noviembre). El uso compartido de bicicletas genera más de 300 millones de euros en beneficios anuales en Europa, según un estudio de EY. EYS Municipales. https://www.eysmunicipales.es/actualidad/el-uso-compartido-de-bicicletas-genera-mas-de-300-millones-de-euros-en-beneficios-anuales-en-europa-segun-un-estudio-de-ey

[6] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2021, 14 de abril). Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Boletín Oficial del Estado, nº 89. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf

[7] López, A. (2025, 2 de diciembre). Plan MOVES IV 2026: ayudas, requisitos y novedades. Cuerva Energía. https://cuervaenergia.com/es/comunidad/gestion-empresarial/plan-moves-iv-2026-ayudas-requisitos-y-novedades/

[8] Movilidad Sostenible. (2025, 3 de diciembre). Plan Auto 2030: el Gobierno presenta la nueva estrategia que transformará la automoción española. https://www.movilidadsostenible.com.es/plan-auto-2030-el-gobierno-presenta-la-nueva-estrategia-que-transformara-la-automocion-espanola/

[9] Movilidad Sostenible. (2025, 11 de septiembre). Publicado el V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica: España lidera el crecimiento en Europa en matriculación de vehículos eléctricos e infraestructura de recarga. https://www.movilidadsostenible.com.es/publicado-el-v-informe-obs-sobre-movilidad-electrica-espana-lidera-el-crecimiento-en-europa-en-matriculacion-de-vehiculos-electricos-e-infraestructura-de-recarga/

[10] El Título I de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible desarrolla la puesta en marcha del Sistema General de Movilidad Sostenible.

[11] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (2025, 22 de octubre). Transportes amplía la plataforma tecnológica SIMPLE con nuevas funcionalidades que mejoran el servicio y la experiencia de uso. https://www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/mie-22102025-1233