Ante la explosión de la pandemia, la UE reaccionó rápidamente con la adopción de una serie de decisiones a nivel político que permitieron, a corto plazo, canalizar la ayuda proporcionada posteriormente por los Estados miembros, como la concesión de ayudas estatales, la flexibilización del pacto de estabilidad y crecimiento, las redes de seguridad para trabajadores con las que financiar el paro, conocidas como ERTE, la compra de deuda masiva por parte del Banco Central Europeo, la negociación de las vacunas, etc.

Pero a largo plazo, el objetivo no sólo era de impulsar la recuperación, sino también asegurar que Europa saliera mas reforzada. Para ello se estableció el Fondo de Recuperación ‘Next Generation EU’ (NGEU), un mecanismo dotado con 807.000 millones de euros que, sumados a los 1.200 millones de euros del Marco Financiero Plurianual (2021-2027), constituirá el estímulo fiscal más importante que nunca se ha financiado en la historia de la Unión. Ello se llevará a cabo a través de un esquema de bonos verdes.

Los expertos señalan que una respuesta europea es más eficiente que eventuales programas nacionales aislados, porque las interrelaciones de las economías europeas hacen que el apoyo coordinado a la economía sea más eficiente que un programa nacional en solitario.

El también llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) incluye 724.000 millones de euros en préstamos y subvenciones para apoyar las inversiones y las reformas que deben llevar a cabo los Estados miembros de acuerdo con sus respectivos planes de recuperación y resiliencia. Estos planes han sido elaborados siguiendo una serie de objetivos cualitativos y cuantitativos, incluyendo recomendaciones recibidas durante los últimos años en el marco del Semestre Europeo.

El Mecanismo se asienta en seis pilares esenciales, empezando por la transición ecológica, a la que se destinará un 37% del gasto de los fondos en inversiones clave como la movilidad sostenible, la renovación y eficiencia energética, la biodiversidad y adaptación al cambio climático, la economía circular, el agua sostenible. Como reformas clave se introducirán incentivos fiscales para vehículos eléctricos o no contaminantes, facilitar el despliegue de energías renovables y gestionar el agua y los residuos.

En cuanto a la transformación digital, dotada con un 20% de los fondos, se realizarán una serie de inversiones clave en infraestructuras de conectividad fijas y 5G, la digitalización de la administración pública, la digitalización de las empresas y en especial de las pymes, las competencias digitales y la ciberseguridad. Como reformas clave se modernizarán los servicios públicos y las administraciones y se eliminarán los obstáculos existentes al 5G. También se integrará la adquisición de competencias digitales en los planes de estudios escolares.

El MRR también va dirigido a reforzar la resiliencia social y económica mediante el refuerzo de los sistemas sanitarios y las redes de seguridad social. Abordar una reforma profunda de la administración pública, la justicia y del entorno empresarial. Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de un conjunto de reformas fiscales. Y el fomento de la cohesión social a través de reformas del mercado laboral y de la educación

Este mecanismo de inversiones y reformas no solo ayudará a la recuperación económica europea después de la crisis sanitaria sino también ayudará a salir más reforzada y preparada para las futuras crisis que puedan venir, mejorando las oportunidades para las nuevas generaciones. Un aspecto clave del Mecanismo reside en la necesidad de fomentar sistemas educativos eficaces, inclusivos y en consonancia con las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo.

El MRR se basa en un acuerdo aprobado por unanimidad entre los 27 estados miembros, los cuales son los principales responsables de la ejecución de los planes y de la rendición de cuentas ante la fiscalización del Tribunal Europeo de Cuentas. En este sentido, los pagos estarán condicionados por un seguimiento y evaluación bianuales tanto a nivel nacional como europeo. Una buena gobernanza y una estrecha colaboración entre las diferentes administraciones públicas (central, regional, local), el sector privado y la sociedad civil, serán necesarios para el diseño de los planes y su concreción en proyectos de alta calidad, en vistas a garantizar la transferencia en todos los territorios y sectores de actividad.

La repartición fue realizada en función de unos indicadores macroeconómicos y España fue dotada de 140.000 millones de euros, siendo el segundo país por detrás de Italia en recibir la mayor parte de estos fondos y el primero en recibir el primer desembolso.

Los planes adoptados abarcarán proyectos transfronterizos ecológicos clave (en el ámbito de las baterías, el hidrógeno, los corredores, etc.) y proyectos transfronterizos digitales clave en microelectrónica, 5G y redes de muy alta capacidad. Los planes apoyarán la estrategia industrial actualizada, apoyando proyectos importantes de los estados miembros que son también de interés común europeo. En la dimensión social, se quiere una Europa más social, sin dejar a nadie atrás, y por tanto se crearon programas como el Fondo de Transición Justa y el Fondo Social para el Clima para contrarrestar los efectos negativos de la transformación energética sobre los más vulnerables.

Los 22 planes aprobados en la actualidad dedican unos 135.000 millones de euros a inversiones sociales, especialmente en la educación, el mercado laboral y la salud que abarcan una serie de medidas para proporcionar una educación de calidad, aumentar la educación digital y modernizar los sistemas sanitarios. Los planes tendrán un efecto importante en el crecimiento y la creación de empleo.

A la hora de abordar cualquier política pública y plan la función pública tiene que asumir una labor de escucha formal e informal que es fundamental y necesaria. En el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este diálogo y esta labor de escucha sobre todo con la sociedad civil podría haber sido mayor, pero la urgencia, el contexto de pandemia, la cuestión técnica y la complejidad a la que nos enfrentamos ha reducido las posibilidades. Ante un escenario así, se ha priorizado el diálogo con los agentes sociales y la Comisión.

Dicho lo cual, uno de los mensajes más relevantes es que el Plan es, en presente. No hablemos del Plan en el pasado. Aún hay una oportunidad de mejorar muchas de las cosas que se han hecho hasta el momento, como ha sido, por ejemplo, el diálogo con las pymes. Porque estamos en los orígenes del Plan y las políticas se están diseñando en estos momentos. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido fijar los objetivos muy concretos, establecer los hitos y fijar las líneas de inversión de cada uno de los componentes, pero el Plan está en curso y en él caben nuevas políticas. Por tanto hay mucho margen de acción y de diálogo y hay mucho margen para hacer nuevas convocatorias y políticas públicas novedosas.

Ante esta realidad, animamos a la sociedad civil y a quiénes tienen capacidad de interlocución con la administración a que continúen reclamando su participación con el objetivo de mejorar la ejecución del plan. Las administraciones deben tener la percepción de que hay demandas sociales y empresariales para poder mejorar su desempeño.

Existe una percepción generalizada de que está ya todo adjudicado y finalizado, y de que todo se va a dar a las grandes empresas. Pero más allá del gran eslogan y de que se puede utilizar políticamente, esto no es cierto. En España, tenemos 17 Comunidades Autónomas que representan el 50% de la gestión pública y son las que pondrán en marcha las políticas del Plan. Son ellas las que van a tener que diseñar, por supuesto dentro del margen de lo que se ha establecido en Bruselas, cómo se van a poner en marcha esas políticas. Por ejemplo, si hay fondos para pymes, una parte de esos fondos se han trasladado a las CCAA y ellas tienen que ponerlo a disposición del tejido empresarial. El plan es, por tanto, futuro, y es lo que insistimos a las CCAA. Se extiende hasta el 2026, aunque la mayor parte de los fondos se ejecutarán hasta el 2023.

Es importante destacar también la novedad del Plan, porque no hemos estado acostumbrados a funcionar así en la Comisión Europea. Esto exige que la gente que ha gestionado fondos en España y en la UE cambie de mentalidad hacia nuevos protocolos y formas. Porque la característica esencial de esta novedad es la condicionalidad: solo se van a desembolsar los fondos cuando existan unos claros resultados, lo que es un cambio cultural muy relevante en la administración.

Es también novedoso porque se han cambiado las prioridades de inversión. En España se habían invertido los fondos europeos sobre todo en las infraestructuras de transporte, que se sitúan entre las primeras del mundo, pero creemos que ya toca dejar de invertir en AVE. Y en este Plan se está invirtiendo en educación, en transición ecológica y en digitalización. Este cambio de realidades es muy relevante.

Otra de las cuestiones relevantes es que el Plan tiene más reformas que inversiones. Y esto es clave porque las reformas que se incluyen en el Plan, como no podía ser de otra manera, tienen el sesgo político del Gobierno que ocupa la Moncloa en este momento, pero estas reformas son las que ha exigido desde hace mucho tiempo la UE y afrontan los retos que todos tenemos en la cabeza y que hemos venido discutiendo durante mucho tiempo: el reto de la educación, el reto de la formación profesional, el reto del mercado de trabajo, el reto de la temporalidad. Estos retos estaban claramente identificados, todos los partidos políticos los tenían en mayor o menor medida en sus programas electorales, aunque las soluciones no son las mismas. Estos retos se van a afrontar a través de una serie de reformas que vienen acompañadas de inversiones. Y esto supone una gran oportunidad.

En el tema de los controles, hay varios países en los que existen riesgos altos de uso fraudulento de los fondos europeos. Esto exige que los controles que se nos han impuesto a España como primer país que ha firmado todos los documentos del Plan, y que se van a aplicar al resto de países, son muy novedosos y muy exigentes, e intentaremos que no paralicen la ejecución del Plan. Porque ese riesgo siempre existe. También es importante destacar que, como consecuencia de la corrupción de los últimos 20 años, existen unas leyes de contratación y de subvenciones que ralentizan enormemente el gasto en la Administración. En muchas ocasiones se tiene la sensación de que la Administración no está pensada para mejorar el bien público y desarrollar nuevas políticas, sino especialmente para cumplir sus complejas leyes y normas. El sesgo actual hacia el control es muy difícil de corregir y está en un equilibrio extremadamente sensible cuya modificación requiere prudencia y consenso.

Por último, cabe destacar que aunque se han generado unas expectativas excesivas, no deberíamos de perder la vista en la enorme oportunidad que se nos presenta con este Plan, tanto para los ciudadanos presentes como futuros.

El Grupo consideró que este Plan ha sido de mucha condicionalidad europea. Es decir, ha habido mucho debate entre los Estados y la Comisión pero dentro de la sociedad y del tejido empresarial no se ha sentido ese diálogo. Aunque se han celebrado 60 conferencias sectoriales, en el terreno las Comunidades Autónomas no se sienten escuchadas y las pymes, que es un colectivo esencial, tampoco. El Grupo afirmó que no ha existido un verdadero trabajo conjunto con los entornos locales, que son los que finalmente van a tener que ejecutar el 50% de los fondos. El Grupo también señala que los foros en los que se ha debatido el Plan no funcionan del todo bien, son bastante complejos y no siempre son permeables.

Las razones de esta falta de debate pueden atribuirse al escaso tiempo para diseñar el MRR (tan sólo nueve meses), la situación de la pandemia, y al hecho de que los temas, es decir, la transición ecológica y digital, estaban ya muy condicionados. Aunque es cierto que estos temas no han surgido de manera espontánea sino que el propio Estado español, junto con otros Estados europeos, los habían puesto encima de la mesa con anterioridad. En cualquier caso, todos estos factores han hecho difícil mantener un diálogo con los diversos grupos sociales y lograr a la vez una inmediatez en la ejecución.

Fruto de la falta de diálogo ha habido una cierta desconexión con la realidad. Podemos centrarnos en unos objetivos muy buenos pero luego la realidad es infinitamente más compleja, y nos encontramos con que nos hemos fijado objetivos demasiado ideales que van a requerir unos ajustes tremendos. En este coste de ajuste hay que encontrar medidas más suaves no tan bruscas. Si encima hemos dejado fuera del diálogo a determinados interlocutores especialmente vulnerables se van a producir inevitablemente unos costes. La UE sabe que hay nichos de gente que van a pagar ciertos costes de transición. Por tanto, parte del Grupo considera que en el coste de ajuste deberían haberse encontrado medidas más graduales para dirigirnos a una transición menos abrupta.

El Grupo también lanzó el mensaje provocador de hasta qué punto la sociedad tiene capacidad para poder tener estos debates y diálogos a ese nivel y con la complejidad que exige, de forma aterrizada y en un contexto de emergencia que hemos padecido. Esta cuestión liga con la educación de nuestra sociedad. El debate social a más altos niveles en organizaciones y lobbies a más alto nivel sí ha existido pero no tanto en la sociedad. El Grupo hace referencia a la opinión publicada en los medios de comunicación, que apunta a que se ha escuchado demasiado a las grandes consultoras que hacían misiones pro bono y que se ha venido a reforzar los oligopolios ya existentes. Además, el sesgo político ha sido una pieza esencial a la hora de determinar el reparto de fondos, incluso cómo se han comunicado los criterios. Todo ello puede claramente derivar en una mayor tensión social. La transparencia en la comunicación pública podría minimizar este riesgo de tensión social inminente.

Dicho todo lo cual, una parte del Grupo consideró que más debate habría mermado la agilidad del proceso y que tratándose de una emergencia está justificado. Lo importante es centrarse a partir de ahora en lo que se puede hacer, que se concreta fundamentalmente en escuchar al tejido empresarial.

Uno de los riesgos tiene que ver con los incentivos que rodean al funcionariado. Al no existir incentivos adaptados a las particularidades del Plan puede haber una ausencia de ejecutividad. El Grupo señaló que hay una falta de cultura en la Administración pública a la hora de trabajar con la financiación público-privada. El riesgo de no ejecutar y de quedarnos atrás en la implementación del PRR puede hacer que nuestro gap sea todavía mayor con respecto a los países que sí lo aprovechen.

Otro riesgo es la seriedad o la coherencia de los proyectos con respecto al Plan sobre todo en lo referente a la transición verde y la digitalización. Es decir, hay dudas a la hora de evaluar a las empresas elegibles. Concretamente, las ayudas las pueden recibir empresas españolas pero en ocasiones los proyectos elegibles van a ser desarrollados por empresas de otros países, de modo que se deriva el beneficio fuera. Existe además un gran escepticismo en estos colectivos a la hora de aplicar o solicitar los fondos europeos y puede que a las pymes no les sea relevante o rentable entrar en la captación.

Un riesgo central, como ya se expuso en la anterior pregunta, es si va a llegar a las pequeñas y medianas empresas. Debería ser posible pero no ha habido vector ni diálogo y cuando se ha dado se han sentido muy desmotivadas. El Grupo señaló que la burocratización es regresiva, es decir, que aquellos que tienen que verse más beneficiados por los fondos son los que se ven con un obstáculo mayor cuando se encuentra en disposición de solicitarlos. En la medida en que las pymes consideren que no les es rentable acceder a los fondos por todos los requisitos burocráticos tenemos un problema en el diseño. Éste no es sólo un problema español sino transversal europeo.

El Grupo también señaló la quiebra en el proceso de comunicación pública y la desinformación como elementos que han erosionado parte de un proceso tremendamente complejo, con proyectos técnicamente muy complicados. Debería haber existido una mayor ética en la comunicación a todos los niveles, tanto gubernamental y mediático como empresarial. Por lo menos a la hora de informar con veracidad sobre lo que se sabía y de explicar con humildad lo que no se sabía. En su lugar, ha habido más bien precipitación tanto en la comunicación política como empresarial, lo que ha resultado en malentendidos, la creación de expectativas truncadas y por tanto riesgo de desafección. Esto está vinculado a una creciente tensión social donde el Grupo atisba un nuevo mazazo al ya roto contrato social y mayor ruptura de la ciudadanía con el gobierno español, con Europa y con las élites en general.

Todo ello puede alimentar aún más la actual polarización política de la que hablamos en la primera sesión, que puede generar falta de consensos esenciales. De hecho ya se está judicializando la gestión de los fondos europeos, una tendencia que no ha hecho más que empezar y que sin duda alimentará la polarización política. Hay un recurso ante el Tribunal Constitucional y este precedente puede derivar en una oleada de litigios que podrían entorpecer enormemente el buen devenir del reparto.

El Grupo señala que lógicamente la transición ecológica prevista en el Plan sin duda alguna nos empujará a ser más verdes, pero los riesgos de todo ello es que la UE no tiene aún ciertas materias primas con las que poder llevar a cabo el necesario abastecimiento, lo que nos obliga a comprar estas materias en un marco de competición que sin duda va a redundar en una mayor espiral inflacionista (también llamada Greenflation).

Si se consolida la transición ecológica, la UE será líder en materia verde en el mundo, lo que nos ayudará a afianzar un liderazgo en sostenibilidad que puede generar nuevas oportunidades y nuevos sectores productivos. Pero al mismo tiempo el Grupo alertó del riesgo de perder competitividad en el marco global en un mundo que no está dispuesto a hacer los sacrificios que la UE está dispuesta a hacer.

Otro riesgo derivado del Plan es la ingente deuda, que además ha de ser asumida por las generaciones futuras. Aunque parte del Grupo señaló que hay posibilidades de que en la ejecución del PRR se deje un país más capacitado para pagar esta deuda. La emisión conjunta de deuda es un hito importante.

El riesgo de corrupción es evidente y vendrá determinado por la capacidad de control que tienen los Estados miembros es también una cuestión clave. Surge de nuevo la cuestión de hasta qué punto España tiene la capacidad administrativa para llevar a cabo estos controles, y de ello dependerá nuestra credibilidad como país.

Como oportunidades en el reparto de los fondos, el Grupo señaló la tutela europea, que exige una condicionalidad y unos hitos por parte de una institución externa que el Estado español y las empresas se ven obligados a cumplir.

El Grupo consideró que ésto también nos va a exponer al aprendizaje de nuevas formas de gestión pública. El Grupo señaló de manera generalizada que la gran beneficiada será la UE, que se ve reforzada como agente tractor del propio proyecto europeo. El NextGen es un hito fundamental en el proyecto europeo que dota de cierta ejecutividad a cuestiones que han estado siempre encima de la mesa pero que nunca han llegado a arrancar, como la Unión fiscal o la mutualización de la deuda. Ahora bien, para que la UE salga realmente victoriosa será necesario y fundamental que los 27 Estados miembros puedan avanzar y sortear el riesgo de que se produzca un retroceso letal para este gran hito en la consolidación del proyecto europeo.

El MRR también es una oportunidad para que los Estados aborden reformas estructurales y necesarias de manera coordinada y estratégica, mirando los problemas de manera holística. Por ejemplo, el MRR nos obliga a dialogar con otras empresas sobre cómo instalar el 5G en España para ser competitivos. Este tipo de debates no los tendríamos de otra manera si no fuera por este Plan. En resumen, el Grupo consideró que los fondos NextGen presentan una oportunidad histórica para la capacitación de Europa y su adaptación a los retos del futuro. Pero para que esto se logre hay que vigilar que sean de verdad las nuevas generaciones quienes puedan beneficiarse del mismo.

El Grupo señaló que esta cuestión plantea una polaridad entre una mejor gobernanza y una mayor agilidad, algo que es cuestionable, es decir, parte del Grupo expresó que puede haber una buena gobernanza y una agilidad al mismo tiempo.

Se apeló a la necesidad de establecer ciertos controles externos para asegurar ambas (buena gobernanza y agilidad), donde el papel del sector público es clave a la hora de determinar y comunicar muy bien las reglas del juego. El Grupo reconoció que un excesivo contrapeso ético y orientado a la transparencia y el buen gobierno hubiera supuesto ir más despacio en el proceso y se hubiera mermado sin duda la agilidad del mecanismo. Ante la urgencia en el reparto de los fondos, se admiten ciertas laxitudes en los procesos, pero el Grupo ve esencial que se establezcan los controles y garantías necesarios a posteriori, algo para lo que aún hay tiempo. Esto va a ser fundamental para la propia credibilidad del plan, para que no se genere una desafección y para afianzar el propio proyecto comunitario.