Más de la mitad de la población cree que el sistema institucional imperante está fallando. Ante el tambaleo de instituciones como el gobierno o los medios de comunicación, la empresa emerge como la institución más creíble. Las empresas son percibidas por el público como las instituciones más éticas y competentes, según el Barómetro de Confianza de Edelman de 2021. Y no sólo eso, el público demanda una mayor liderazgo empresarial en los asuntos de naturaleza pública o política.

Esta expectativa del público general con respecto al papel que han de jugar los CEO y los Consejos de Administración de las empresas se ha intensificado durante la pandemia. Pero ha sido la guerra de Rusia contra Ucrania la que ha terminado de evidenciar hasta qué punto las actuales democracias del llamado orden liberal internacional demandan de sus empresas una respuesta política.

Desde que se produjo el estallido de la guerra en Ucrania a mediados de febrero del 2022, hemos sido todos testigo de la gran estampida de empresas occidentales en suelo ruso como signo de protesta ante el brutal e injustificado ataque, y ante los valores de la autocracia rusa, que está dispuesta a poner contra las cuerdas la aparente hegemonía del orden democrático-liberal. La sociedad civil, a través de boicots y otras herramientas, se ha encargado de presionar a las empresas que no actuaron desde el principio con contundencia y agilidad ante el atroz ataque ruso.

Y es que toda esta dramática situación eleva aún más el debate que ya se venía librando desde el verano del 2019, cuando la Business Roundtable de los EEUU decidió publicar su disruptivo manifiesto sobre la redefinición del propósito de una corporación. El debate de hasta qué punto las empresas han de responder a cuestiones sociales y políticas.

En el fondo, dicho manifiesto, que ha hecho derramar ríos de tinta, rescata un viejo debate que lleva librándose décadas: el debate entre los partidarios de un capitalismo de shareholders, defendido por el Nobel de economía Milton Friedman, y los partidarios de un capitalismo de stakeholders, que defienden ejecutivos como Paul Polman, el antiguo CEO de Unilever.

Para Milton Friedman, máximo defensor del también llamado “capitalismo de agencia” (donde el principal es el accionista y el agente el CEO), que las empresas contribuyan a causas sociales o medioambientales supone convertir a sus máximos dirigentes en funcionarios que, al desviar los beneficios hacia dichas causas, establecen de alguna forma un “impuesto” a sus accionistas. La verdadera responsabilidad social de las compañías radica en su capacidad para maximizar beneficios para su accionistas. Pero Friedman nunca criticó la estrategia de algunos CEO de revelar a sus accionistas en el momento de la constitución del capital su compromiso de destinar parte de los beneficios a intereses sociales o medioambientales. Es aquí donde los accionistas pueden decidir con libertad si desean o no desean invertir en una empresa de estas características y esta es la corriente que comienza ahora a despertar.

Porque existe evidencia creciente de que el modelo clásico de capitalismo de shareholders que hemos vivido hasta hoy tiene grandes limitaciones. Por un lado, el capitalismo de accionistas antepone la ética utilitarista, centrada en la maximización de beneficios, a la defensa de ciertos derechos humanos y de una justicia social. Por otro, deja solos a los gobiernos en la resolución de los retos sociales y medioambientales, algo que ya se ha demostrado inviable.

En este contexto, y frente a la emergencia climática, no es de extrañar que el lanzamiento del Manifiesto de la Business Rountable de 2019 haya generado tanto impacto. Este cambio de paradigma supone que las empresas han de equilibrar permanentemente sus compromisos con los accionistas y los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores y la comunidad) a los que afectan.

Ante este cambio de modelo, surge el deber de desarrollar una nueva gobernanza en las empresas. Y para comprobar que esta gobernanza está de facto integrando los compromisos sociales y medioambientales necesarios, existen un conjunto de mecanismos e instrumentos, como puedan ser los informes anuales corporativos o de sostenibilidad, los índices de sostenibilidad (el más conocido el de Dow Jones) o las métricas ESG (por sus siglas en inglés, Environment, Social y Governance) que analizan los llamados inversores socialmente responsables a la hora de decidir sobre sus inversiones.

Como dijo Albert Einstein, “perfección de medios y confusión de fines es lo que caracteriza nuestra época,” y es que por mucho que estemos tratando de guiar a las empresas con índices o métricas sofisticadas de ESG, la clave de todo está en el propósito y en cómo sus máximos gobernantes, esto es, sus consejeros y consejeras, gobiernan con lealtad hacia dicho propósito. Este propósito debería apelar a algún tipo de valor humanista universal o a grandes ideales y trascender los intereses individuales y cortoplacistas. Ejemplos de propósitos de compañías exitosas podrían ser el de The New York Times, “buscamos la verdad y ayudamos a la gente a entender el mundo”, o el de Whole Foods, “nutrir a la gente y al planeta”

El desarrollo de un claro propósito empresarial y su comunicación es útil porque da unidad a la actividad empresarial, contribuye al desarrollo del liderazgo, supone un filtro para decidir los principios de buen gobierno y las estrategias empresariales acordes, es un marco que permite una mayor agilidad organizacional, otorga un sentido a los empleados y a los consumidores, y todo ello contribuye al rendimiento empresarial.

La gran cuestión que plantea el propósito es la rendición de cuentas, o el sistema que garantiza que las grandes intenciones no se queden en un puro artefacto cosmético (lo que se conoce como Greenwashing). La rendición de cuentas se lleva a cabo ante los grupos de interés externos. Esto es un principio de buen gobierno clásico que se ha utilizando en el ámbito de las instituciones públicas. La transparencia como herramienta de rendición de cuentas es tan antigua como la democracia representativa, que nació hace ya 300 años. Para que los electores pudieran elegir a sus representantes, se hacía necesario garantizar una transparencia en las deliberaciones públicas.

Toda esta dinámica se está extrapolando al ámbito empresarial bajo el fundamento de que las empresas pueden generar una serie de impactos negativos que los stakeholders tienen derecho a conocer: los consumidores, cada vez más concienciados con un tipo de productos y servicios “verdes” y “justos”, los grupos de presión medioambientales y sociales, como Greenpeace, WWF y la variedad de campañas activistas, o los medios de comunicación y think tanks, que ensalzan o debilitan la reputación de las compañías y sus intereses en la opinión pública.

Para asegurar la consecución del propósito son necesarios tres elementos: transparencia, un sistema de reporte integrado y un modelo de gobernanza. En cuanto a la transparencia, el Consejo de Administración debería publicar un Manifiesto del Propósito de la Corporación, resumido en una sola página, donde se refleje el compromiso de armonizar la maximización de beneficios con el rendimiento social y medioambiental, estableciendo unos periodos específicos.

El sistema de reporte integrado establece una serie de indicadores y su correspondiente cumplimiento y puede desarrollarse en función de varias guías o modelos. Por un lado están los indicadores ESG; por otro están los indicadores que ha venido desarrollando numerosas organizaciones internacionales como el Global Reporting Initiative (GRI), el Sustainability Accounting Standards Boardm (SASB), o el Task Force on Climate Related Disclosures (TFCD) y que la UE quiere ahora armonizar.

Pero realmente es el modelo de gobernanza el elemento más relevante de los tres y el que va a garantizar el efectivo cumplimiento de los otros dos.

En la redefinición de la corporación hacia un ente cuyo propósito es contribuir a resolver una serie de temas de índole público, surge la necesidad de seguir muy de cerca el ciclo de dichos temas y de anticipar el comportamiento de los grupos de interés antes mencionados. Existen cambios en las expectativas que el público general tiene acerca de determinados temas, cambios que se ven de alguna forma reflejados en los medios de comunicación, que pueden suscitar controversia en el entorno político y que pueden culminar en desarrollos legislativos que afecten negativamente al desarrollo empresarial. De ahí que, además de desarrollar todo un sistema de rendición de cuentas propio, sea necesario complementarlo con herramientas de seguimiento de la actividad de los grupos de interés, de interacción con dichos grupos, de liderazgo de opinión, de transparencia y de campañas corporativas.

En lo que respecta a los accionistas que exigen, además de una maximización de sus beneficios, un creciente compromiso empresarial, es importante resaltar la importancia de los llamados “index funds” o fondos pasivos, que son tres, BlackRock, Vanguard y State Street y que acumulan hoy más del 20,5 por ciento del capital empresarial de S&P500 y casi un 41 por ciento del poder de voto en los Consejos de Administración de este capital empresarial. Estos fondos están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el cambio de estrategias empresariales hacia una mayor protección del cambio climático y hacia la materialidad ESG. Como ejemplo de ello, todos hemos oído hablar de las cartas anuales del CEO de BlackRock, Laurence Fink, llamando a la responsabilidad medioambiental de sus inversiones y a la negativa a invertir en compañías con un umbral inadmisible de emisiones CO2. Además, las métricas ESG están comenzando a introducirse de manera transversal en todos los procesos de inversión, de tal manera que el 25 por ciento de la inversión actual en Estados Unidos se está haciendo en sostenibilidad (alrededor de 12.000 billones de dólares).

En resumen, para lograr armonizar una verdadera integración entre la sostenibilidad empresarial en el largo plazo, es decir, el compromiso de la empresa con el medioambiente y las comunidades locales (lo que vendría a ser el elemento político), con la satisfacción de unos resultados financieros en el corto es esencial el desarrollo de una nueva gobernanza (que incorpora elementos de la gobernanza público-política), que integre en los Consejos de Administración a consejeros con una contrastada trayectoria y sensibilidad en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la geopolítica, y que tenga la capacidad de diseñar e implementar un propósito empresarial, un sistema de rendición de cuentas y una gestión estratégica de todos los grupos de interés, incluidos los accionistas con inclinación social y medioambiental.

El Grupo comenzó reconociendo que existen unos claros riesgos ambientales por el calentamiento global y sociales por el aumento de la desigualdad, que, sin embargo, no han estado en la agenda hasta hace relativamente poco, y que han sido asumidos principalmente por los gobiernos, que han estado más bien solos.

Aun así, el Grupo ve claro que los CEO y los Consejos de Administración no deberían nunca asumir responsabilidades de índole público como las que ejercen los altos funcionarios, incluso cuando desde las corrientes neoliberales se hace presión sistemática para detraer poder de maniobra a los Estados. Aunque éstos sufren la percepción generalizada de que no son tan efectivos como podrían serlo los líderes empresariales en el actual contexto de menor confianza en las instituciones públicas, lo cierto es que, sobre todo los altos funcionarios, siguen gozando de prestigio y respeto gracias a su mérito y capacidad y cumplen un papel clave.

En este punto se hizo necesario además aclarar que en términos de responsabilidad pública hay asuntos públicos, que atañen más a la defensa, la justicia y la legislación – es decir, el Estado de Derecho- y otros sociales, relacionados con el Estado social, que también son competencia de la sociedad civil. La complejidad y las tensiones radican en el hecho de que hoy lo social está adquiriendo también tintes políticos.

Todos convinieron que uno de los problemas del capitalismo de stakeholders es que se termina metiendo en una misma caja a todo, y se pretende hacer de toda cuestión una cuestión social, lo que termina originando conflictos de interés entre las distintas exigencias sociales y de la empresa. Pero no todas las soluciones son sociales, sino que debería de existir una pluralidad de soluciones, esto es políticas, sociales y empresariales. Por tanto, el Grupo ve claro que la solución está en la cooperación en todas las direcciones: gobiernos, empresas y sociedad, algo que a fecha de hoy no se está produciendo de manera clara.

El Grupo considera también importante analizar hasta qué punto una politización de la empresa bajo el nuevo paradigma de capitalismo de stakeholders es una respuesta reactiva o adaptativa a los intereses y las expectativas de los grupos de interés, que reclaman más, o debería responder más bien a una visión proactiva por parte de los CEOs y Consejos de Administración. Porque algunos expertos dentro del Grupo consideran que las empresas debería aspirar a ser entidades justas y no sólo lucrativas.

En cualquier caso, la mayoría expresó que la empresa ha sido muchas veces causa de los citados riesgos ambientales y sociales, por lo que la sociedad no está pidiendo que colabore en temáticas que son totalmente ajenas a ellas. Es decir, la empresa puede y debe contribuir más a mejorar la sociedad y a la defensa del Estado de Derecho. El Grupo añadió que actualmente vamos a contrarreloj en lo que respecta al brutal crecimiento de las desigualdades sociales y al deterioro medioambiental, lo que nos obliga por primera vez en la historia, como civilización, a que todos (individuos e instituciones públicas y privadas) tengamos que aportar nuestro grano de arena si no queremos entrar en un periodo de altísima tensión social y gran riesgo climático. Así pues las empresas vuelven a estar en primera línea.

Pero el Grupo también señaló que el problema de España es que nuestro tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pymes y empresas familiares, que tienen que poner su energía en ver cómo sobreviven un año más. Por tanto, la capacidad de agencia de las empresas en nuestro país para poder dar solución a estos retos depende, hoy por hoy, fundamentalmente de su tamaño. Y el Grupo mostró preocupación con que sólo las grandes empresas sean capaces de participar en la resolución de los retos que se nos presentan, y resaltó la necesidad de que se traslade también esta capacidad a las empresas medianas y pequeñas.

También hubo un consenso generalizado (aunque había voces disonantes) de que un exceso regulatorio o una intervención excesiva pueden convertirse en parte del problema. Es decir, no deberían establecerse demasiadas obligaciones, sino fomentar la transparencia de los resultados, los impactos y la ética a través de indicadores concretos como el ESG, de tal manera que sean los inversores los que puedan tomar mejores decisiones, y la sociedad se haga cada vez más consciente de los retos. Éste es el enfoque que está tomando Europa, y el Grupo en general lo ve como un enfoque acertado. También se habló de incentivos fiscales como una aproximación regulatoria positiva.

Una parte del Grupo reconoció que el legislador suele ir por detrás de los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Esta parte del Grupo considera que los ciudadanos y consumidores señalan claramente que estamos ante la necesidad de un nuevo marco regulatorio, y ve de manera positiva que se establezcan nuevas aproximaciones regulatorias. Aplaude que haya mecanismos de autorregulación a través de índices y certificaciones que premien e incentiven a las empresas a desarrollar su actividad de manera más sostenible, pero defiende la necesidad de un nuevo enfoque regulatorio, algo que por otro lado Europa está ya desarrollando de facto en todos estos temas.

Como ejemplos de esta incipiente regulación, el Grupo señaló la nueva financiación verde derivada de la taxonomía de la UE, que hace esperar una consolidación de actividades empresariales más sostenibles, donde el sector financiero va a ser clave en el avance de los objetivos del llamado European Green Deal. También se habló de la futura Directiva sobre Debida Diligencia, en virtud de la cual las empresas tendrán que poner todas las medidas dentro de sus posibilidades para evitar que sus cadenas de valor produzcan efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza, además de abordar diligentemente tales efectos cuando ocurran.

El Grupo explicó los avances que está dando Europa en materia de buena gobernanza. Según la modificación de la Directiva de Información no Financiera, si todo va como se estima, las empresas tendrán que presentar su información de sostenibilidad en un formato electrónico unificado que hará que toda la información a nivel europeo sea comparable. En España la Directiva se transpuso en 2018 y desde entonces las empresas de más de 500 trabajadores ya han tenido que presentar un informe de este tipo.

Finalmente, el Grupo resaltó la futura Directiva sobre Gobierno Corporativo Sostenible, que implica de forma definitiva a los Consejos de Administración como responsables indelegables de la política de sostenibilidad y de integrar las expectativas de los stakeholders, lo que indudablemente afectará a la responsabilidad legal de los consejeros. En consecuencia, el peso cada vez mayor de los criterios ESG en la estrategia de las empresas recaerá, irremediablemente, en los Consejos de Administración no solo en el Departamento de RSC. Se está empezando a constatar que un buen posicionamiento en materia ESG permite a las empresas incrementar su capacidad de acceso a financiación, aumentar su valoración en el mercado y mejorar el perfil de riesgo, etc. Este proceso exige, ciertamente, consejeros mejor formados para comprender el impacto de la sostenibilidad en áreas como la gestión de riesgos y las finanzas.

Dicho todo lo cual, algunos miembros del Grupo expresaron que todavía no procede establecer más regulaciones a algo que de alguna forma ya se está avanzando el propio mercado. Y, en general, el Grupo alerta también de los riesgos de un exceso de regulación, que suele conllevar una burocratización, algo que atemoriza a las empresas. Por tanto, la gran cuestión es si la expectativa sobre el compromiso político, social y medioambiental de la empresa debería ser un gran cambio proveniente de la autorregulación empresarial, o, por el contrario, ha de traducirse en regulación mercantil específica. En este punto, el Grupo no alcanzó un gran acuerdo. Algunos consideraron que todas estas soluciones legales no resuelven los conflictos de fondo y siguieron apelando a la llamada Doctrina Friedman.9 Aunque hayan transcurrido más de 50 años desde que Friedman desarrollara esta aproximación, lo cierto es que hoy sigue imperando. El cese del CEO de Danone, Emmanuel Faber, en noviembre de 2021 porque no generaba suficientes beneficios es un ejemplo perfecto de ello. Pero también se apeló al ejemplo contrario de Unilever y de su antiguo CEO, Paul Polman, que fue capaz de ir incorporando el paradigma del capitalismo de stakeholders de manera eficiente para los accionistas.

El Grupo comenzó reconociendo que hay un mayor consenso ciudadano y político que empresarial, y que va a costar mucho convencer a los empresarios. Para ello, será crítico cómo se conceptualiza esto y en qué términos gira la discusión, es decir, si se plantea como un castigo o como una oportunidad para los empresarios, y en cómo de inteligentes seamos al plantear el medio y largo plazo que requiere, ya que ésta es una cuestión transgeneracional. En ese sentido la lógica cortoplacista capitalista (también muy de la cultura española) no lo va a poner fácil. Sin embargo, si viene de Europa es mucho más fácil que lo integremos aquí, porque siempre hemos visto a Europa como un ente que nos ayuda a vertebrarnos mejor y a modernizarnos como país.

Para el Grupo esta conceptualización resulta difícil en el clima de polarización política que reina en España, donde la derecha está todavía muy en el capitalismo de shareholders, y en la izquierda hay una actitud antiempresarial que no facilita muchas cuestiones de este tipo. En general, el colectivo empresarial desconfía de la izquierda porque la ve como una amenaza a sus legítimos intereses.

Un paso esencial sería identificar qué empresas tienen externalidades negativas, positivas y neutras y empezar a hacer un tratamiento diferenciado para cada una de ellas, empujando en primer lugar a las que tienen externalidades positivas, para que actúen como motor de cambio y como referentes para el resto de las empresas. Pero para que esos comportamientos éticos y de contribución en positivo crezcan exponencialmente es vital que se beneficie a dichas compañías con medidas como la reducción fiscal, preferencia en el acceso a fondos públicos, visibilidad prioritaria en los medios de comunicación, al menos en los medios públicos, etc.

En este sentido el Grupo puso de ejemplo lo que está haciendo la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que ha apostado seriamente por el impacto que tiene la regulación y está impulsando en España y Latinoamérica, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de B-Corp entre otros, la llamada Ley BIC o Ley de Beneficio e Interés Colectivo, que otorga identidad jurídica a empresas de triple impacto, es decir, aquellas que integran la creación del valor económico, social y ambiental. Una ley que Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay ya han aprobado, y otros cuatro países más están ahora mismo en trámites.

Estas instituciones han publicado, junto a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), varios estudios con recomendaciones de políticas centrados en cuatro pilares: una fiscalidad mejorada para este tipo de empresas; una contratación pública sostenible (dar más puntaje a las empresas con impacto social y medioambiental; el impulso de certificaciones (promoverlas y darles más visibilidad); y un liderazgo empresarial femenino. Se está analizando esta dimensión en las empresas BIC porque están viendo que en ellas hay más mujeres en las plantillas, hay más fundadoras mujeres y se concilia mejor.

Actualmente, los gobiernos que participan en esta iniciativa están aterrizando todas estas recomendaciones a un nivel más local a través de mesas nacionales, donde se genera conversación y análisis relativo a estos cuatro pilares. En todos estos países estas leyes se han aprobado con un amplísimo consenso (en Ecuador por unanimidad en las dos cámaras, en Chile de la mano del senador Felipe Kast, de derechas, y de la diputada Maya Fernández, de izquierdas).

La idea es que esta regulación entre con fuerza en los países y sirva para identificar a las empresas BIC como referentes dentro de cada región, y se pueda contrastar con números cómo estás empresas son igual o más rentables que las convencionales, sin por ello tener que deteriorar el medioambiente o a las comunidades locales.