“El cambio climático es política”. Así titulaba su editorial un relevante periódico español, el pasado octubre. En el mismo se advertía acerca de “la extraordinaria complejidad que entraña cada decisión y cada movimiento” en ese terreno, y de la necesidad, en consecuencia, de “desplegar una extraordinaria habilidad política para articular la transición energética y ecológica”, y “hacerlo sin generar un reguero de victimas colaterales de una causa común”.

En la mente de todos están las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia, en el otoño del 2018, a resultas de un intento de subir los impuestos de los combustibles con la finalidad de contribuir a la mitigación del cambio climático. En España apenas acaban de hacerse notar las protestas frente a los planes de despliegue de 60 Gigawatios de nueva generación eléctrica renovable, sobre todo con parques eólicos y fotovoltaicos, conforme a lo previsto en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020- 2030). Se avecinan problemas muy serios con la implantación de las zonas de bajas emisiones previstas en el artículo 14 de la nueva Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. Tenemos un conflicto en el sector agrícola de la fresa en Huelva, con algunos miles de hectáreas ilegales, captando agua de forma aún más ilegal, poniendo en peligro la conservación de los ecosistemas de Doñana, propiciando una competencia ilegal con los que cumplen. Otros conflictos en los entornos rurales, como el generado sobre las llamadas “macrogranjas”, o sobre la protección del lobo, que en si mismos son de gran complejidad, tienen un gran potencial para “recomplejizarse” artificial e intencionadamente en el contexto de la “cruda lucha partidaria” entre los “partidos de gobierno” y las guerras culturales añadidas de sus “extremos polarizados y polarizantes”.

La política que necesitamos en ese sentido se alinea con aquella que enseñara el profesor Bernard Crick a sus alumnos en su clásico manual En defensa de la política (1962 a 2002); o con aquella echara en falta en nuestros días Peter Mair, en su obra póstuma “Gobernando el vació: la banalización de la democracia” (2015). Una referencia de tal política, como public policy, que no como politcs, a la que concedemos un especial valor, la encontramos en el famoso Informe Buchanan, sobre tráfico en las ciudades, elaborado por un grupo de expertos dirigidos por quien le dio nombre, a petición del Gobierno británico, hace 60 años. Se trata de uno de los informes más lúcidos que se hicieron en la primera etapa (de la inocencia, en el mejor sentido de la palabra) de preocupación y respuesta frente a los problemas que hoy englobamos dentro de la idea de “sostenibilidad ambiental”. En dicho informe, que estudiaba los impactos presentes y futuros del tráfico en las áreas urbanas de Reino Unido, se formulaba una advertencia preliminar de imprescindible consideración en general para nuestro tema, a saber: “Lo mejor es evitar de plano el término solución, porque el problema del tráfico no es tanto un problema que espere una solución, cuanto una situación social a la que hay que enfrentarse con políticas pacientemente aplicadas durante cierto periodo, y que deberán revisarse de vez en cuando a la luz de la marcha de los acontecimientos”.

No puede esperarse la solución “mágica”, ni tecnológica, ni de infraestructura, ni normativa. Sólo caben planteamientos de políticas públicas, humilde y honestamente acometidas. La ambición, que a estas alturas deberá ser la mayor posible, habrá de articularse a través de aquellas. No vale soñar con “cañones de inversión” y grandilocuentes objetivos, con su efecto llamada de corporaciones sistémicas, en cuanto tienden a distorsionar dichas políticas, y a propiciar su captura persiguiendo sus presupuestos que no sus genuinos fines.

Se habla insistentemente de gobernanza, de interacción y diálogo, como lugar común aludiendo al papel de las empresas. A ello se dedica el ODS 17: sólo “con alianzas inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta” podrá avanzarse hacia los ODS. Las referencias al necesario alineamiento de objetivos y visiones, de empresas y políticas públicas son interminables, auspiciadas por numerosas autoridades políticas, económicas y académicas. Una de las que más éxito está teniendo últimamente es la de “las misiones” tal como las concibe Mariana Mazzucato, catalizadoras de inversiones publicas y privadas, tomando como inspiración la misión Apolo en tiempos de Kennedy y Johnson. Son constantes las referencias a la colaboración público-privada, poniendo como ejemplo lo logrado en estos días con las vacunas contra la covid-19.

Apreciamos varios riesgos en planteamientos banales de alianzas entre gobiernos y empresas. Existen importantes tendencias en la gestión relacional de la esfera pública en la que participan las grandes empresas (tanto en términos de inercias, como de empujes, o como de conflictos) que conducen a un alineamiento de los grandes actores. Todos están radicados en clústeres (o hubs) de gestión relacional: Madrid, Bruselas, Londres, Paris, etc. Ello es “natural”. Un ejemplo paradigmático lo tenemos en el referido PNIEC y sus 60 Gigawatios, que de una manera u otra apoyan las grandes empresas, los grandes partidos, las grandes ONG. Sin embargo han provocado la protesta de casi 200 plataformas comarcales, en torno a ecologistas locales, defensores del paisaje, y ciertos agricultores y ganaderos con enfoque paisajístico y extensivo. Los grandes consensos en “la capital” no han contado con los territorios. Han dado por hecho que su planteamiento es bueno y que los problemas que inevitablemente se generen son “cuestiones menores”, daños colaterales, que se pueden ir resolviendo desde el espíritu de “la transición justa” y del principio de “no dejar a nadie detrás”.

Simplificando, presumimos que la hipótesis de trabajo de esos grandes consensos en “la capital”, inconscientemente, cuentan con una idea de esos territorios afectados como “no tan valiosos”. Participan de lo que hemos llamado en otras ocasiones “síndrome del mapa en blanco”. A su vez, y en coherencia, piensan que las poblaciones, en general, van a ser propicias a la recepción de las inversiones en renovables, en cuanto que vienen acompañadas de beneficios económicos, colectivos y particulares, por conceptos diversos. Frente a ello, nos parece sorprendente que no se haya hecho un ejercicio mínimamente diligente de las implicaciones socioeconómicas para estas zonas rurales que van a acoger los parques de renovables. De entrada los terrenos locales muchas veces están en manos de colectivos de herederos, lejanos y ajenos, que viven en la ciudad. Por otro lado, como sucedió con el fracking en el medio rural estadounidense, en no pocos lugares de la España del interior, se ha sembrado la semilla de la discordia entre favorables a los parques (desde luego los arrendadores, pero no sólo) y desfavorables a los mismos (en muchos casos los poseedores de segunda residencia, pero no sólo ellos).

Basten de momento estas dos pinceladas de situaciones que se dan en el mundo real (“el mundo de la vida”) y que entran en conflicto o en tensión con los grandes objetivos deseables y beneficiosos del sistema de despliegue e incentivos de las renovables en nuestro país. El uso de la palabra “sistema” es deliberado, así como el de “mundo de la vida”. Seguramente la misma cuestión se ha descrito por autores diversos y se puede plantear de diferentes maneras, pero nos parece especialmente interesante y lúcida tal como la formula el filósofo (sociólogo) alemán Habermas, hace más de treinta años, sin estar pensando en conflictos concretos como los que nos ocupan ahora. Lo cierto es que cuando habló de “la colonización del mundo de la vida por los imperativos sistémicos” estaba dibujando muchos de los conflictos a los que venimos aludiendo, o que nos vienen a nuestra imaginación, y que frenan los avances de los objetivos de la agenda climática y del medio ambiente. “En esta fórmula, se recapitula el principal diagnostico habermasiano acerca de las patologías que minan las sociedades modernas” (Velasco Arroyo)14. El “sistema”, en el autor alemán, está constituido por las formas organizativas de naturaleza político-institucional y de naturaleza económica, a través de las cuales se opera la coordinación de las acciones sociales. Dichas formas organizativas (del poder y del dinero, esto es, del Estado con su burocracia, y de los mercados) responden a unos objetivos jerarquizados, a unos intereses, claros y definidos; atienden a unos beneficios supuestos, racionales e inmutables del “sistema”, razones de orden superior que funcionan como una máquina bien engrasada para obtener unos fines preestablecidos desde un principio. La evolución social, propia de la modernidad, y su interminable impulso racionalizador, lleva a un progresivo desacoplamiento entre ese sistema y lo que Habermas llama el “mundo de la vida”. Por tal entiende los ámbitos de acción no jerarquizados, ni orientados a fines concretos, de la vida cotidiana.”. “Es el suelo de presupuestos básicos no problematizados a partir de los cuales debatir y consensuar”. En ese sentido, hasta los desacuerdos tendría lugar sobre un trasfondo de acuerdos tácitos.

En todo lo que venimos planteando late una cruda realidad, que ha sido señalada entre otros por Jean Pisani-Ferry (del Peterson Institute for International Economics, del centro de pensamiento Bruegel), la política del cambio climático es política macroeconómica. Bien sabemos que los imperativos de la macroeconomía tienen importantes repercusiones sociales, que no son “cuestiones menores”, que requieren no eludirse, sino afrontarlas y diseñar estrategias...; y de eso se trata, de políticas de proximidad.

Por todo lo anterior, en una propuesta muy personal, llamamos la atención sobre la noción de paisaje, como una vector prometedor para hacer dialogar esos imperativos sistémicos con el mundo de la vida, cuando de políticas de implicación territorial se trata. Para propiciar la política de proximidad. En ello es determinante la noción de paisaje que se ha acuñado en el Convenio Europeo del Paisaje, de Florencia (2000). El territorio entendido como paisaje, en el que se distinguirá siempre, cualquiera que sea aquel (de notable valor, o degradado, rural o urbano, natural o artificializado) elementos significativos, resultados de la interacción del hombre y la naturaleza, portadores de idiosincrasia, de identidad, de acervo de saberes prácticos compartidos, inspiradores del sentido de pertenencia en común, precipitado de una suerte de inteligencia colectiva consuetudinaria. He ahí un posible suelo no problematizado sobre el que construir comunicación, entendida como democracia de proximidad.

La evocación banal (y top-down) de las alianzas público-privadas como respuesta a nuestros desafíos de sostenibilidad encuentra otro motivo de reproche y de necesidad de repensarse, si pensamos en la incapacidad que han demostrado a la hora de acometer grandes proyectos, necesarios y prometedores. Se veían a si mismas, dichas alianzas, como completas y autosuficientes. Ejemplo paradigmático de ello es la rehabilitación integral energética de edificios. En ella estaban depositadas grandes expectativas; los informes GTR, en España, en torno a los años 2010 a 2014, vislumbraban, con realismo, la transformación del sector, mejorando la habitabilidad y comportamiento energético de millones de viviendas, a la vez que se creaban 150.000 nuevos empleos directos estables y de calidad, y se movilizaban enormes sumas de inversión y de flujo económico. Los grandes estaban prestos a ello. Los gobiernos también. Pero no terminó de arrancar. Faltaban los pequeños, la levadura del territorio.

“Cuando el gran buque se aproxima a cuatro millas de la costa se avisa a los prácticos del puerto; ellos son quienes conocen las corrientes, los vientos, la distancia que hay entre muelles, las profundidades, las longitudes, las luces, las mareas, cómo interactúan todos estos elementos. Sin ellos no hubieran sido posibles los flujos marítimos que fueron construyendo el mundo cosmopolita del comercio a lo largo de los siglos, desde los fenicios hasta nuestros días.

Cuando observamos los casos de conflictos, bloqueos, intentos fallidos o simulacros que tienen lugar con ocasión de la aplicación de programas, medidas, acciones políticas en relación con el cambio climático identificamos con una frecuencia más que significativa una ausencia de los conocimientos, las habilidades y las pericias que apreciamos en ese práctico del puerto.”

En diciembre de 2011 se lanzó el documento “Different Politics, Same Planet. Values for sustainable development beyond left and right”, desde Res-publica, un think tank independiente no partidista, fundado en el 2009. El documento, en el que participaron, entre otros, señalados dirigentes de WWF-UK y Oxfam-UK, insiste en la necesidad de colocar el medio ambiente, el medio natural, en el centro de gravedad del debate político. Reivindica los valores intrínsecos del patrimonio natural y del paisaje, más allá de los cálculos utilitaristas y de mercado que atribuye, bajo unas formas u otras, a las posiciones de izquierdas y derechas. Y hace ver la posibilidad de llegar a posiciones defensoras de los valores intrínsecos de dicho patrimonio natural desde los diferentes postulados ideológicos.

La idea de democracia de proximidad (o microcracia, en terminología de José Manuel López) tiene que ver con la comprensión de la escala local, lo que en términos de ecosistemas naturales, pero también culturales, e imaginario, pasa por realfabetizarnos paisajísticamente. La alimentación (su modelos de producción y consumo) es una de las manifestaciones más evidentes de ello. José Esquinas, uno de los mejores conocedores, entre nosotros, de la situación de la agricultura y la alimentación en el mundo, nos advierte como “según la FAO, en torno al 80% de los alimentos que llegan a la boca del consumidor en el mundo (no los PDAs - la perdida y desperdicio de alimentos- o los que se usan para otros fines) proceden de la agricultura familiar y del pequeño agricultor. Es por ello que la ONU ha declarado la Década Internacional de la Agricultura Familiar 2019- 2028”. En buena medida, en las zonas críticas, esa agricultura familiar reside en cultivos infrautilizados o marginados, lo que se ha dado en llamar ¨cultivos de los pobres¨: cereales, leguminosas, tubérculos locales, que han se utilizan en la región andina, en el Cuerno de África, en Centroamérica, la India, en Filipinas …”han proporcionado durante milenios los alimentos básicos de civilizaciones” y “hoy están oficialmente marginados”.

El concepto de autocontención, de self-restraint, está en la esencia del sistema constitucional democrático. Y a su vez está en la esencia de la relación de los humanos con la naturaleza. En el ámbito del sistema constitucional nos gusta recordar la afirmación de Karl Loewenstein, incluida en su “Teoría de la Constitución”, en los 50s del siglo pasado, según la cual, el éxito del sistema constitucional de los Estados Unidos no se debía a su texto constitucional, sino a pesar del mismo. Lo cual tenía sentido advertirlo a la luz de la evolución de los países que copiaron aquel texto, los hispanoamericanos tras su emancipación. Hay algo más allá del texto que es lo que ha fructificado en un equilibrio satisfactorio. Precisamente, esa falta de self-restraint actualmente es lo que se apunta como una de las claves de la amenaza que se cierne sobre nuestras democracias (véase por ejemplo, Levitsky y Ziblatt).

En la relación de los humanos con los recursos naturales sucede algo parecido. Y precisamente los paisajes que hoy reconocemos como valiosos, y otros que no reconocemos pero lo son, ponen de manifiesto unos equilibrios, unos ejercicios de auto-contención inteligente, productiva, y bella; “la hermosura provechosa”, que dejó dicho Gracián. Las dehesas podrían ser un buen ejemplo reconocido por todos. Existe un conocimiento vernáculo, en términos de técnica y también de reflexión y espiritualidad, que comparten todas las tradiciones culturales, espirituales, y religiosas del mundo. En ello reside una posibilidad de ejercicio voluntario de contención, de efectos locales y globales. En el ámbito católico, la encíclica Laudatio Si, del Papa Francisco, de 2014, es precedida de numerosas cartas de conferencias católicas nacionales episcopales desde los 70s del siglo pasado, y de frecuentes posiciones en discursos relevantes de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lo mismo sucede en el resto de las religiones. Encuentros interreligiosos, en ese sentido, se vienen realizando desde hace décadas, destacando el e 1986, en la población italiana de Asís, auspiciado por WWFItalia. Fue origen de una serie de encuentros, que aun continúa.

Habermas, que siempre se definió “carente de oído para la religión”, y se declaró profeso intelectualmente de un “ateísmo metodológico”, no obstante, con el tiempo, así en los últimos quince años, se convenció de que “los discursos religiosos pueden ser portadores de relevantes valores y de intuiciones morales capaces de enriquecer el discurso y las deliberaciones en la esfera pública”. Sin duda, lo desafíos ambientales de la humanidad en el siglo XXI es uno de esos ámbitos, quizás uno de los más importantes, sino el que más.

La primera pregunta, de algún modo, servía para enmarcar el núcleo esencial de la conversación y planteaba una de las fragilidades esenciales de cualquier política medioambiental. Desafortunadamente, la percepción de las distintas mesas de expertos fue casi unánime. De modo generalizado todos los participantes del GEAN asumían que existe una lejanía entre las intenciones legislativas y los resultados. Es más, en demasiadas ocasiones esa distancia no es simplemente temporal o metafórica sino que es estrictamente real. Esa diferencia entre la percepción inmediata de un contexto y el lugar desde el que se pronuncia el legislador en demasiadas ocasiones resulta poco operativo a la hora de implementar acciones eficaces. Asimismo, se subrayó la diferencia existente entre los sujetos que deben padecer los esfuerzos relativos a la transición ecológica y los agentes futuros que serán beneficiarios de esta medida. Esa perspectiva de plazos es uno de los desafíos esenciales. En el ámbito corporativo esas dificultades se reproducen.

La dialéctica entre lo local y lo global, ampliamente debatida, y no parecen existir soluciones que sean idóneas. La perspectiva global colisiona en ocasiones con sesgos de percepción de clase. Los habitantes de entornos rurales sienten una desconexión legítima con respecto al modo en que se adoptan decisiones públicas. Se da, admeás, una sospecha creciente en la existencia de intereses no declarados por parte de las élites lo que, de nuevo, opera como una nueva fuente de desconfianza y sospecha. En ocasiones, este debate ha alcanzado unas cotas demasiado moralizantes lo que nos ha arrojado escenarios polarizados entre buenos y malos, entre minorías elitizadas y minorías. Esta asimetría alcanza también al contexto internacional toda vez que grandes potencias desarrolladas plantean a países en vías de desarrollo tomar medidas que ellos no tomaron en los primeros compases de su desarrollo industrial. Como posible solución se plantea la necesidad de generar indicadores y medidas formales que puedan servir para objetivizar tanto los diagnósticos como las soluciones.

Una de las debilidades apuntadas por nuestros expertos que, a su vez, puede convertirse en una fortaleza si se toman las medidas precisas, es la falta de pedagogía eficaz. No cabe duda de que tanto en los currículums oficiales como en el discurso público la sensibilidad medioambiental ha crecido en las últimas generaciones. Sin embargo, comienza a percibirse un cierto estancamiento. En este sentido deberían revisarse las estrategias de comunicación e información para poder seguir optimizando el grado de compromiso medioambiental de la ciudadanía, especialmente en aquellos entornos que estarían llamados a soportar mayores costes de transición.

Otro rasgo que adelantaron nuestros expertos es la necesidad de optimizar el grado de escucha que se da entre las administraciones y los administrados. Esta falta de escucha presenta, además, dos planos que deben ser atendidos. De una parte está la unidireccionalidad del diálogo social, donde en demasiadas ocasiones la información de la Administración ha fluido en un único sentido. Además, es relevante no sólo la forma en la que se haya dado esa escucha sino la percepción social de esa escucha. Parece evidente, y hay discursos políticos traccionando sobre este malestar, que una parte creciente de la población siente una cierta conciencia de victimización por ser quienes cargan con el coste de la Agenda 2030.

Asimismo, el GEAN apuntó una marcada diferencia en el modo en que los distintos actores priorizan sus intereses. Así, los gobiernos, marcados por el calendario electoral, tienen una cierta preferencia por el corto plazo. Los ciudadanos, más conscientes de algunos intereses de larga duración apuestan, de forma más sensible, por ordenar sus preferencias en torno al medio plazo. Las condiciones climáticas del planeta, sin embargo, deberían plantearse a largo o muy largo plazo. Este hecho es determinante también para detectar algunos de los fallos existentes en la pedagogía o en la hipermoralización de las causas climáticas. En ocasiones, la demonización de aquellos que no son inmediatamente sensibles a la necesidad de implementar legislación o políticas públicas concretas resulta contraproducente. La labor informativa de la administración e incluso de las empresas debe priorizar la sensibilidad de los agentes implicados con respecto a sus intereses legítimos. La política y ciertas ambiciones legislativas deben estar siempre atentas a la percepción civil y del mundo de la vida para no generar una cierta rivalidad aparente entre actores.

Si bien las dos primeras preguntas estaban más orientadas al ámbito de las políticas públicas, la tercera pregunta despertó un interés específico entre los expertos del sector privado. En primer lugar, se mostraron algo exigentes con respecto al modo en que debería plantearse la protección medioambiental, subrayando la conveniencia de calibrar correctamente la transición ecológica. Una transición que, para ser tal, debería procurar una cierta continuidad y gradación. En este sentido, la innovación dentro del ámbito empresarial será clave para poder amortiguar esa transición.

Existe un celo recíproco entre el sector público y el privado. La presión legislativa en ocasiones ha sido un incentivo pero, también, ha generado percepciones erróneas. Las tesis del decrecimiento generan, también, una notable reticencia en el sector privado ya que se traduciría en una súbita pérdida de empleos y destrucción de la riqueza. La naturaleza específica de algunas áreas de emprendimiento plantea la necesidad de preservar una cierta autonomía en los fines empresariales. Por este motivo se defiende la necesidad de preservar la autonomía decisoria de las empresas. El terreno de la innovación es un aliado natural, o así se plantea, para intentar mantener las mismas necesidades cubiertas con menos recursos. La vehemencia con la que se disputa el decrecimiento como opción es, sin duda, unánime a este respecto.

La autoconcención, depende cómo se entienda, sí puede resultar operativa o, al menos, se saluda con mejores ojos. En primer lugar se asume que existe un riesgo reputacional en este ámbito pero, sin embargo, se mantiene la duda de que pueda darse una ventaja representativa en el caso de que una empresa adquiera compromisos supererogatorios. En este sentido, de hecho, se pefila incluso un desdoblamiento de los agentes implicados. No es lo mismo ser consumidor que productor de un servicio, e incluso decisiones que podemos tomar en el ámbito privado se harían irreconciliables en el contexto profesional. Un riesgo que se adelanta con respecto a los criterios ESG es que se puedan tomar decisiones correctas por fines equivocados. La asunción estrictamente cosmética o promocional puede acabar siendo contraproducente a largo plazo.