Este miércoles estaba fijado por tercera vez el desahucio de Zohra, su marido y su hijo de 8 años de la vivienda del número 31 de la calle Zurita en la que llevaban una década viviendo de alquiler, un desahucio que finalmente se ha ejecutado pese a que el abogado de esta familia, apoyada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ha defendido hasta última hora que el Real Decreto por el que se suspenden hasta final de 2024 los lanzamientos de personas vulnerables les amparaba. El juez del caso, Roberto Fernández Muñoz, titular del juzgado de primera instancia nº70, no lo ha considerado así y ordenaba un desalojo para el que se ha desplegado un amplio dispositivo policial desde primera hora de la mañana.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid denunciaba que poco después de las 6 de la mañana, la policía ya había intentado desalojar a Zohra de su domicilio sin esperar siquiera la llegada de la comisión judicial, que estaba fijada a las 9:30 horas. Activistas por el derecho a la vivienda, que permanecieron esta noche en la vivienda de Zohra, lograron frenar la acción, al tiempo que uno de ellos se colgaba de un patio interior del piso, a una altura de 12 metros, conectando la cuerda que lo sujetaba con la puerta de entrada y advirtiendo a los policías de que cualquier intento de entrar haría que él cayera al vacío. Esta acción provocó que tuvieran que intervenir los bomberos, quienes a través de un local contiguo consiguieron bajar al activista, que acabó siendo detenido, pasadas las 9:30 horas.

Paralelamente a todo esto, las fuerzas de seguridad habían cortado el acceso a la calle Zurita, donde poco antes de las 9 de la mañana ya había tres furgones de antidisturbios de la policía municipal, dos coches patrulla, una ambulancia, un coche de bomberos y un par de vehículos más de este cuerpo, así como una unidad de Samur Social, mientras que vecinos y activistas del Sindicato de Inquilinas que se habían concentrado en apoyo de Zohra se vieron obligados a permanecer alejados en los extremos de los cordones policiales situados en Fe con Zurita y en Torrecilla del Leal con Zurita.

Tras consumarse el desalojo, una portavoz del Sindicato ha dicho: «Lo que queda claro es que aquí los que paramos los desahucios y protegemos el derecho a la vivienda somos la gente de a pie, las vecinas. Hoy han fallado los juzgados, ha fallado el Gobierno, han fallado todas las instituciones públicas, la policía, los bomberos, el Samur Social… Los caseros son culpables, pero el Gobierno es responsable. Tenemos que tener muy claro que esto no va de parar los desahucios vulnerables, va de parar todos los desahucios, porque todos somos vulnerables por culpa de los rentistas y de los caseros que nos echan de casa. Hoy es Zohra pero otro día será una de vosotras y todos los días sigue habiendo desahucios. Los desahucios no han parado. El Gobierno es responsable y los caseros, culpables».

Quien hasta ahora ha sido el casero de Zohra es un gran tenedor con múltiples propiedades. El conflicto entre las partes se inició cuando el propietario se negó a hacerse cargo de ciertas reparaciones que le correspondían para que la vivienda tuviera unas mínimas condiciones de habitabilidad y su inquilina decidió dejar de pagar la renta hasta que se solucionarán los problemas.

Sin alternativa habitacional permanente, a Zohra y a su familia el Samur Social les ha buscado un techo temporal de emergencia: 20 días en el albergue Las Caracolas de Vallecas.